Esteban Isasmendi encabeza el directorio de la nueva Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (CoSAySa), secundado por Normando Fleming y Pedro Cruz, quienes asumieron la responsabilidad de administrar la explotación de los servicios de agua y cloacas.
Los decretos que legalizan las designaciones fueron firmados ayer por el gobernador Juan Manuel Urtubey, antes de viajar a Metán donde celebró con los vecinos el aniversario de esa ciudad: en cada uno se hace mención a la decisión oficial de recuperar la prestación para garantizar la continuidad y optimización de ambos servicios, las fuentes laborales y el cuidado del recurso.
Hasta la conformación de CoSAySa, la relación comercial entre Aguas de Salta y el Gobierno provincial fue áspera. Hubo acusaciones de uno y otro lado, tironeo que finalizó el jueves pasado cuando Urtubey anunció la decisión de rescindir el contrato con la compañía.
El mandatario mencionó incumplimientos: la ausencia de las inversiones obligatorias, correspondientes al período 2004-2008, encabeza el listado de faltas del que se agarró el Estado para ponerle punto final al contrato, ya que hasta el 31 de diciembre Aguas de Salta rindió gastos por $42.468.333,45, los cuales "representan un 65,60% del monto previsto" en el plan de obras consensuado por las partes.
El decreto 2190/09 no sólo le da vida a la nueva sociedad anónima -en la que el Estado se reservó la mayoría accionaria- sino que establece que "por culpa" de la empresa se rescindió el contrato integral.
Además de las inversiones no realizadas, en la norma se hace mención a la falta de pago del canon por el uso del agua superficial y subterránea, la despreocupación por las condiciones en las que se prestaba el servicio ("con una notoria desconsideración respecto del trato con los usuarios"), la falta de garantía de la calidad del agua, la existencia de descargas cloacales sin tratamiento a cursos hídricos ante la falta de proyección de obras en plantas depuradoras o colectoras máximas.
Se hace mención también a que la compañía prestadora mostró "una actitud reticente a cumplir con las órdenes impartidas, haciendo uso en la mayoría de los casos de la vía recursiva, mediante la interposición de innumerables recursos administrativos y presentaciones judiciales, sin ejecutar las tareas dispuestas".
La situación -sigue el decreto- provocó "el deterioro de la infraestructura perteneciente a la Provincia, lo que es perfectamente cuantificable en términos económicos, constituyendo un evidente daño material al erario público que deberá calcularse en la etapa de liquidación del contrato de concesión".

Foto: Archivo Programa Infoagua