La Ley 26.148, conocida popularmente como Ley de Glaciares, fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados en 2007 y por amplia mayoría en Senadores, en octubre de 2008. “El 70 por ciento de la Tierra está cubierta por agua, pero sólo el 2,5 por ciento es dulce y está en condiciones de ser usada para el consumo humano. Y el 70 por ciento de esa agua dulce está en los glaciares. Voy a dar cifras que llaman la atención y duelen, pero es bueno que las tengamos en consideración: todavía hay más de 1100 millones de personas que no poseen agua, el 18 por ciento de la población mundial”, argumentaba el senador Daniel Filmus (presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable), el 22 de octubre de 2008 –según la versión taquigráfica–, minutos antes a la aprobación de la ley. Tres semanas después, el 10 de noviembre, la Presidenta vetó la flamante norma.
El 14 de abril pasado, Peter Munk, fundador de la minera Barrick Gold, fue recibido en Casa de Gobierno por Cristina Fernández y el gobernador de San Juan, José Luis Gioja. Dos semanas después, el 30 de abril, los gobiernos de Chile y Argentina dieron luz verde a Pascua-Lama: firmaron el acuerdo tributario para definir las regalías de cada país, la última traba que tenía el proyecto.
“Este es un gran paso, así que esperamos que muy pronto podamos tomar una decisión sobre la construcción. Hemos estado trabajando intensamente en el último par de meses, particularmente en las últimas dos semanas”, afirmó el presidente ejecutivo de Barrick Gold, Aaron Regent. Una semana después, el 7 de mayo, desde la misma Casa Rosada, el Gobierno y la compañía canadiense anunciaron la puesta en marcha de la polémica mina de oro y plata.
Pascua-Lama, señalado por impulsores y detractores como el proyecto minero más ambicioso de América, utilizará 17 camiones con cianuro por mes, 370 litros de agua por segundo –en una zona semidesértica– y 200 camiones de explosivos al mes. Todo en zona de alta montaña, de glaciares. “No existen antecedentes mundiales de operaciones mineras, petrolíferas, industriales o arquitectónicas de gran dimensión, en o sobre formaciones glaciarias o periglaciarias que hayan resultado de nulo o mínimo impacto sobre las mismas”, denunció el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Frei firmaron en 1997 el Tratado de Integración y Complementación Minera para “facilitar las inversiones privadas en la frontera de ambos países”. La legislación, que crea una zona franca minera entre ambos países, fue la base jurídica que utilizó Barrick Gold. Luego del veto a la Ley de Glaciares, Pascua-Lama se comienza a construir, es el primer yacimiento mundial entre dos países y también es el puntapié para que una decena de compañías explote montañas a lo largo de los 5000 kilómetros de cordillera que comparten ambos países.