El gobernador de la Provincia desplegó un solemne espectáculo –quizá sin tener que ver con los famosos “opas solemnes” de la zona- para anunciar la rescisión del contrato con Aguas de Salta, por los incumplimientos de la misma. Se nos solicita una primera impresión al respecto, luego de luchar desde hace diez años con la Junta Promotora del Agua, en pro de un servicio condigno con la condición humana y que reconozca el derecho humano al agua, o al agua como derecho humano.
De esto último, en la presentación del Sr. Gobernador, ni una palabra, desde luego. Entre las claves del asunto, ésta es decisiva. En efecto, quitarle a una anónima para hacer otra anónima es pasar de un negocio a otro negocio. Un derecho humano no puede ser objeto de negocio. El objeto medular de la sociedad anónima, “con acción de oro”, cartón, platino o con lo que quiera “decorar” el Infante don Juan Manuel, es sólo y exclusivamente el negocio. Entonces, el estado pasa a violar el derecho humano al agua, al tornarse negociante de la misma. Por ello, se afirmó en ese “anuncio” que no habrá suba de tarifa hasta fin de año. ¡Velay la maravilla!, cuando en realidad lo que debe hacer es reducirla ipso facto, al menos, en un 50%, pues se trata de una de las más infladas del país –si no la más inflada- en una de las provincias más pobres. En resumen, sigue el negocio con un derecho humano. El estatuto o paradigma de lo “nuevo” no es el servicio público, sino, siempre, el negocio. Cambia todo para que nada cambie:
eso es el sumum del gatopardismo. Además, nada dijo de cuánto se van a llevar en la “nueva sociedad” los anónimos que no son el estado. Por lo cual, es de prever que el esquema de siempre continuará, a saber: socializar los costos y privatizar las ganancias: el estado, es decir, todos los salteños, pagamos las inversiones, y los fantasmas privados anónimos se llevarán el botín, que nunca conoceremos, como ahora. En todo ello no cuentan ni los pobres ni el derecho humano al agua.
Tampoco hubo del Sr. Urtubey ni una palabra acerca de los delitos cometidos por Aguas de Salta y denunciados reiteradamente por nosotros, como la apropiación ilícita de decenas de miles de llaves maestras de bronce –¡son toneladas de ese metal!- al colocar clandestina e ilegalmente otros tantos medidores, también ilegales. Con ello, el Estado provincial se hará cómplice y partícipe necesario del delito. ¡Flor de piedrita, el conejo político que sacó de la galera el gobernador! Alguna limpieza cosmética tenía que hacer, luego de las barbaridades de la empresa en Tartagal, luego de los trapos sucios entre las saetillas de SAETA… y luego de que hace dos semanas el concejal Hugo Saravia presentara un proyecto para un referéndum popular por la continuidad de la anónima del agua.
Mientras esperamos estudiar el sonoro decreto “de necesidad y urgencia” para un juicio más acabado, todo huele, para seguir con lo de arriba, a que el gobierno, con esta pirotecnia, pretende “tomarle la medida del opa” a la población salteña, al decir de vieja usanza.