La Defensoría del Pueblo de Neuquén denunció ayer que desde hace un año está reclamando a la Provincia que tome cartas en el asunto acerca de la situación que están viviendo las familias de la toma 26 de Agosto, donde el gobierno nacional aportó los fondos para la construcción de 101 viviendas en el año 2006 y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) de Neuquén también intervino en esta operatoria.
“Estamos viendo dos problemas. Por un lado, el tema ambiental y, por el otro, el del procedimiento”, explicó Juan José Dutto, Defensor del Pueblo. Manifestó que se trata de una situación complicada porque se pone en riesgo la salud de los vecinos y además demuestra las irregularidades con que se entregaron las viviendas.
“En septiembre de 2007 se entregaron, pero en ese momento no tenían luz, agua, conexiones cloacales y gas; tampoco estaban terminadas y faltaban revoques y aberturas”, comentó Dutto, quien remarcó que a un año y ocho meses la situación es la misma y más grave aún, según consta en un informe ambiental que presentó el municipio a la Defensoría.
“Se volvió al lugar, ya que habíamos ido el año pasado, verificándose que la situación sigue siendo la misma en cuanto a la obra suspendida, no así en lo referido a las condiciones de saneamiento, las cuales al no haberse conducido por red, agravan las condiciones higiénico sanitarias del entorno y de los vecinos en forma directa con la posible aparición de enfermedades infectocontagiosas, sin descartar la saturación del suelo con el posible riesgo de contaminación de la napa freática”, se detalló en la nota redactada por la Dirección Municipal de Control Ambiental.
Dutto subrayó que en las calles del barrio se observan lagunas que se armaron por el derrame constante de líquidos cloacales, transformándose especialmente en un riesgo para los niños del barrio. “Los vecinos habían pensado en hacer un canal para derivar los líquidos pero desistieron porque esto podría generar problemas con otros vecinos. Es preocupante porque hay niños enfermos y esta situación podría agravar la salud de los chicos”, sostuvo.

Procedimiento
Las denuncias llegaron a la Defensoría del Pueblo en marzo de 2008 de manos de los vecinos, quienes estaban preocupados por las condiciones en las que se habían entregado las casas. En mayo de ese mismo año se recomendó al gobernador, Jorge Sapag, que arbitre en esta situación, y a la vez pidió informes a los organismos provinciales y municipales que intervenían en la situación, Sin embargo, el único que respondió, según dijo Dutto, fue la subsecretaria de Medio Ambiente de la comuna.
El Defensor del Pueblo señaló, además, su preocupación sobre el procedimiento con el que se llevó a cabo la ejecución de las viviendas que nunca terminaron de construirse por completo.
“Las 101 viviendas son propiedad del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, y los integrantes del consorcio 26 de Agosto son tenedores de los lotes, aún no tienen sus mensuras por eso no pueden pedir los servicios”, manifestó Dutto quien también contó que existe un informe de la Auditoría General de la Nación donde se menciona sobre una investigación que se hizo sobre la ADUS en 2006 en este tema que señala retrasos en el trabajo, que el avance físico de la obra no se condice con el avance financiero y señala problemas graves en la operatoria.
“Hace unos veinte días volvieron los vecinos y nos plantearon que la situación seguía igual, así que redactamos otra resolución para poner en conocimiento y que intervengan la presidenta de la Legislatura provincial, Ana Pechen, ya que las irregularidades en la obra y el procedimiento es responsabilidad de la ADUS y al Defensor del Pueblo de la Nación, ya que en este plan de viviendas intervienen fondos nacionales”, informó Dutto.