Que se derogue el Decreto Ley 9 de febrero de 1997, que se revise y transforme el Código Minero, que se cumpla con el artículo 119 de la Constitución Nacional y se escuche la voz de las comunidades que luchan contra la minería, son algunas de las peticiones hechas por la Orden de Frailes Menores de Panamá a través de un comunicado hecho público esta semana.
Según un informe del Ministerio de Comercio e Industria (Mici), de seis ríos estudiados se detectó la presencia de cianuro en cuatro.
La posición de la fraternidad de frailes franciscanos surge a raíz de la situación que viven las comunidades de Coclé y Donoso, en donde algunas de estas fraternidades están trabajando y sostienen que han visto la destrucción y contaminación del ambiente.
Para fray Amadeo Ruano, miembro de la orden de frailes franciscanos de la Parroquia de La Pintada, como llamados a instaurar una sociedad de justicia, de liberación y de paz, decidieron emitir una posición en la que se oponen enfáticamente a estos proyectos que generan contaminación y muerte.
Consideramos que hay otras alternativas que no causen el deterioro grave al ambiente, y hay que tener en cuenta el clamor de los campesinos que no quieren pan para hoy y hambre para mañana, y por eso nosotros como frailes estamos de parte de la vida de la justicia y de la paz.
Agregó que la posición expresada a través del comunicado surge de los frailes de la Parroquia de La Pintada, por estar ubicados en un área donde se palpa el conflicto, pero es también aceptada por la fraternidad en otros lugares de Panamá y han comunicado al obispo de Penonomé y hay densidad eclesial al comunicarla a otras iglesias de Panamá.
El sacerdote pidió a las autoridades respetar el derecho de las personas a expresar sus opiniones siempre que lo hagan ponderando el respeto a la vida, al tiempo que llamó a las autoridades de derechos humanos a tener una mayor participación en este conflicto.
Mientras tanto, más de 150 campesinos e indígenas del distrito de Donoso se mantienen en la comunidad de Coclecito, en vigilia y a la intemperie luego de que la policía los desalojara del campamento que mantenían en la vía hacia la mina Petaquilla en la comunidad de Nazareno.
Los 20 retenidos fueron liberados durante la noche del martes, sin embargo los manifestantes se mantienen frente al puesto de policía de Coclecito reclamando a la corregidora Saturnina Ortega, a quien han denunciado por abuso de autoridad, les entregue los utensilios, alimentos y dinero que le decomisaron durante el desalojo.
Feliciano Villarreta, vocero de los manifestantes, denunció el atropello de que fueron víctimas por parte de la policía antimotín, a quien acusaron de quemarles sus ranchos, las banderas de las agrupaciones y una bandera panameña.
Ramón Vergara, otro de los manifestantes, manifestó su descontento por el engaño de que fueron objeto por parte del gobernador de Colón Julio Kennion, quien les había prometido reunirse con ellos el martes y darles una alternativa de solución a este conflicto.
Julio Yao, del Comité Pro Cierre de la Mina Petaquilla, manifestó que la lucha de los campesinos continuará en las próximas semanas cuando realicen una asamblea general entre comunidades para decidir las acciones a tomar.
La Prensa intentó lograr una versión de la empresa minera, sin embargo no fue posible.
Un informe de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) del pasado mes de marzo determinó una serie de incumplimientos. Por ejemplo, la construcción de una planta eléctrica sin contar con un estudio de impacto ambiental.
Por su parte, el Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Sociales (Frenadeso) pidió la suspensión del proyecto y cuestionaron la intervención de la Policía Nacional durante la protesta de los campesinos.

Vargas deplora enfrentamiento
El defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, deploró los enfrentamientos ocurridos entre el grupo de indígenas y campesinos que se oponen al proyecto minero de Petaquilla y unidades de la Policía Nacional; al tiempo que hizo un llamado a que las empresas que se dedican a la exploración y explotación minera atiendan las normas legales y ambientales.
Vargas cuestionó nuevamente la débil institucionalidad y capacidad del Estado para supervisar proyectos mineros de la magnitud del que se desarrolla en el área de Petaquilla.
Para Vargas, las autoridades deben ser más proactivas frente a los reclamos por daños ambientales que degeneran en la violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano.

Mici detecta cianuro en aguas de cuatro ríos
Un informe del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) se suma a los reportes de contaminación e incumplimiento de normas ambientales en Minera Petaquilla. De seis ríos estudiados por el Mici, se detectó la presencia de cianuro en cuatro. El río Molejón Medio fue donde se arrojó mayor concentración de cianuro (0.0591 miligramos por litro de agua). De acuerdo al informe de la entidad, el límite permitido por las normas de Copanit es de 0.20. (Ver infografía).
Aunque la concentración de cianuro es baja, no deja de ser preocupante, dijo el químico del Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá Antonio Dutary.
Para el científico, el problema es que el cianuro termine por contaminar las aguas subterráneas u otras fuentes hídricas, y “eso es peligro”. El informe del Mici también detalla otras irregularidades. En los tanques de lixiviación se observó derrame de lodo. El cauce de la quebrada Rastrojo, del río Molejón Medio y Molejón Abajo presentaba un exceso de turbiedad debido a la sedimentación. “No existe ningún control para evitar el efecto”, señala.
Un informe de marzo de la Autoridad Nacional del Ambiente señala incumplimiento de las normas ambientales que ha incurrido la empresa Minera Petaquilla.
Raiza Banfield, directora del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), dijo que la presencia de cianuro dentro del proyecto es un indicio de que la empresa está extrayendo oro, a pesar que la etapa de construcción de la minera no ha terminado. Todo esto, a pesar del incumplimiento de las normas ambientales que ha incurrido la empresa.