LAS 32 familias que no tienen gas y deben soportar las consecuencias de los permanentes desbordes de las cloacas no guardarán un grato recuerdo del acto celebrado el 11 de febrero del año anterior, cuando el gobernador Daniel Scioli inauguró el barrio de 225 casas del Plan Federal I, en Punta Alta. Si bien algunos de los inmuebles ya fueron sometidos a interesantes mejoras, otros frentistas atraviesan los padecimientos indicados, a los cuales pueden agregarse una plaza sin juegos para los niños y calles tan angostas que hacen imposible el desplazamiento de vehículos de envergadura, como los de los recolectores de residuos o los bomberos voluntarios.
EL TESTIMONIO de los pobladores afectados revela su malestar y su inquietud por la falta de soluciones. Si bien las viviendas se entregaron con el correspondiente final de obra, no todo se habría hecho con la precisión necesaria, dicen los voceros vecinales. A todo esto, los cronistas que visitaron el barrio comprobaron la regularidad con que ocurren los desbordes cloacales, con las consiguientes derivaciones de riesgo para los habitantes. Por último, subsisten 17 unidades que todavía no han sido ocupadas y acerca de cuya titularidad se tejen diversos comentarios que le otorgan al asunto un marcado tinte político.
NO ERA éste, por cierto, el panorama que imaginaban los beneficiarios del Plan Federal I al momento de ponerse en marcha el programa y menos cuando la máxima autoridad provincial llegó, acompañado por ministros y otros funcionarios, para la trascendente inauguración del barrio. El asunto, naturalmente, merece la pronta y pertinente aclaración de parte de las autoridades en cuanto a la provisión de servicios todavía no concretada. De lo contrario, se habrá consumado una defraudación a las legítimas esperanzas de quienes durante largo tiempo habrán ansiado llegar a contar con la casa propia.
OTRO CASO fue reflejado días atrás en nuestras páginas: en las Escuelas Media Nº 1 y Técnica Nº 1 de Ingeniero White y en la Media Nº 4 de Cabildo, la empresa adjudicataria paralizó los trabajos debido a la falta de pagos por parte del gobierno bonaerense. Inclusive, voceros de la firma declararon que fueron despedidos 42 trabajadores y debió apelarse a la venta de bienes propios para abonar los materiales y afrontar otros compromisos contraídos en su momento.
EL TITULAR de la empresa dijo que por aquellas obras la deuda alcanza a los 400 mil pesos, que se eleva a unos 700 mil si se agrega un problema similar por otros dos establecimientos que construye en Coronel Pringles. "Agoté todas las instancias, pero ya no puedo más", manifestó con desaliento, a la espera de que la burocracia platense active los trámites relacionados con los pagos.
DE HECHO, los planes oficiales para la construcción y refacción de edificios escolares han estado caracterizados, en los últimos tiempos, por marcados vaivenes: licitaciones fracasadas por falta de interés de las empresas por desalentadoras experiencias con la administración y retrasos considerables en los plazos. En suma, situaciones que exigen la inmediata normalización del proceso, atento a la trascendencia de los emprendimientos.