El próximo mes de agosto, dentro de apenas dos meses, se cumplirá un año de la firma del convenio entre Mendoza, La Pampa y Nación el que, supuestamente, daría fin al largo pleito entre las dos provincias tras la apropiación de los caudales del río Atuel por parte de los cuyanos. Como se recordará el contenido del acuerdo tuvo muy disímiles apreciaciones en el gobierno y en las entidades defensoras de los recursos hídricos provinciales. Por parte de estas últimas hubo una serie de reparos técnicos y planteo de dudas en cuanto a la voluntad real existente en la vecina provincia para llevar a buen puerto su cumplimiento; en tanto, desde el ámbito gubernamental se propició la aceptación del documento sin discusión alguna, a tal punto que su conocimiento no fue inmediato para el gran público.
El detalle más significativo -avalado por la propia Presidenta de la Nación- radicaba en que "a partir de la firma de suscripción del acuerdo marco se tomen recaudos para asegurar un mínimo de escorrentía permanente sobre el río Atuel en el límite interprovincial", sin especificarse a cuánto ascendería ese caudal. Este punto esencial, más allá de los escurrimientos sobrantes del verano, nunca se cumplió ni se dieron las razones que avalaban esa actitud, que desdice el acuerdo.
El documento, como era de esperar, provocó un enorme revuelo en el sur mendocino, donde algunos medios de difusión salieron a la palestra bajo el lema "ni una gota de agua a La Pampa", más allá de aceptar cualquier análisis y al parecer avalando la máxima de sus vecinos de allende los Andes: "por la razón o la fuerza".
Administrativamente el convenio, para tener validez debe ser aprobado por ambas legislaturas provinciales. La pampeana lo avaló inmediatamente, casi sin discusión pública y sin aceptar algunas mínimas y lógicas modificaciones que sugería la oposición. La mendocina todavía sigue en un largo "veremos", aduciendo el Poder Ejecutivo que todavía no lo envió al ámbito parlamentario por razones de oportunidad política.
Hace pocos días este diario recogió información proveniente de la capital mendocina y publicó que el Departamento de Irrigación de la provincia cuyana comenzó a analizar el expediente sobre el acuerdo. La noticia es desconcertante porque si, aplicando cierta generosidad de criterio, puede llegar a comprenderse la demora del Ejecutivo en enviarlo a las cámaras, resulta inentendible que el organismo técnico-administrativo que tiene competencia exclusiva en materia de riego haya esperado diez meses para abocarse al análisis de un documento tan importante.
Además, el funcionario responsable del organismo hídrico dijo que "todo lo que no esté dentro de la Ley de Aguas lo tenemos que modificar", una frase que aparece un tanto sibilina. Las posibilidades que abren esas palabras, más la inexplicable demora en el análisis del convenio, no apuntalan la confianza, especialmente cuando ha transcurrido casi un año de abierta violación tanto del espíritu como de la letra del documento.