La Empresa Municipal de Obras Sanitarias (Emos) envió al Concejo Deliberante local un proyecto a través del cual se solicita la autorización para restringir el servicio de agua potable a unos 15 mil usuarios que adeudan en conjunto más de 15 millones de pesos y para gestionar el embargo y remate judicial de distintas propiedades con el fin de cobrar parte o la totalidad de esa suma.
“Se trata de clientes que adeudan varios años de prestación y que pese a las sucesivas intimaciones no cumplen con el pago de las facturas, teniendo las condiciones económicas para hacerlo. El listado incluye a propietarios de viviendas familiares, negocios y empresas de pequeña, mediana y gran magnitud”, admitió el presidente de la Emos, Tulio Giambastiani.
De los 64 mil usuarios que tiene esta Empresa Municipal, el 75% abona en tiempo y forma los consumos mensuales sin necesidad de intimaciones o amenazas del Estado.
Sin embargo, hay unas 15 mil cuentas- casi el 25% restante- que desde hace años se mantienen en situación irregular, pese a que los titulares tienen ingresos suficientes para estar al día.
“Vamos a pedir al Concejo Deliberante dos autorizaciones diferentes. Por un lado el permiso para instalar grifos en el ingreso a cada propiedad. Estos artefactos se convertirán en la única fuente de agua potable para los morosos ya que se les cortará el acceso a través de la cañería habitual. Se han hecho estimaciones y se garantizará una determinada cantidad por día suficiente para abastecer el consumo mínimo. Obviamente, los propietarios de estos inmuebles recibirán una última notificación 48 horas antes de que se produzca la restricción”, continuó el presidente de Emos. En la misma nota, Giambastiani solicitará a los ediles del oficialismo y de la oposición el permiso para ejecutar judicialmente los embargos que ya fueron iniciados en los Tribunales locales para garantizar el cobro de esta millonaria deuda. Si se tiene en cuenta que el oficialismo cuenta con mayoría propia, se da por descontada la autorización legislativa.

Equidad
El funcionario fue claro al destacar que sólo se actuará en contra de los que pueden pagar y no lo hacen, quedando fuera de estas acciones punitivas los vecinos que están sin trabajo o demuestran atravesar una delicada situación económica.
«Vamos a ser equitativos. Exigiremos el cobro vía judicial de aquellas personas que tienen recursos. En cambio, los que demuestren que no pueden pagar tendrán la consideración de nuestra empresa», destacó.
Para la ejecución de estas garantías y el cobro de la millonaria acreencia, se la Emos dará participación a la Fiscalía Municipal, la repartición que el año pasado gestionó el inicio de las diversas causas judiciales, muchas de las cuales ya tienen sentencia firme de ejecución.
Giambastiani diferenció las acciones que se ejecutarán de las famosas canillas rojas que en su momento supo colocar la Emos durante la gestión del ex intendente Antonio Benigno Rins.
“No se escrachará públicamente a los morosos identificando de esa forma las distintas casas o negocios, pero igual se restringirá el consumo como castigo a quienes no cumplan con el pago de un servicio que han recibido”, concluyó.
Para la Emos resulta clave recuperar parte de esa millonaria deuda, ya que con la actual estrechez de recursos cuesta cada vez más realizar obras para ampliar o renovar las redes. Además, durante el transcurso del año pasado y parte del actual la Emos acumuló un fuerte déficit operativo.