Aquí, especialistas, autoridades y organizaciones no gubernamentales tienen una coincidencia: “el diagnóstico en este municipio en materia de medio ambiente depara para los próximos años una aventura riesgosa en caso de no marcar a corto plazo los lineamientos para establecer orden”.
Esa misma “certeza” comparte un texto inédito el cual será presentado en los próximos días en el marco de la toma de protesta del Comité Municipal del Medio Ambiente, y cuya copia tiene este reportero: “La evolución urbana sin orden experimentada en el municipio requiere de control, conservación, mejoramiento y consolidación del desarrollo para desalentar el crecimiento anárquico de los asentamientos humanos y provocar en Atlixco áreas adecuadas para equipamiento y vivienda, sin afectar el medio natural”.
En cuanto a los criterios de ordenamiento urbano para el municipio, propone “tomar las previsiones para que el desarrollo resulte congruente con las características de Atlixco, preservando con ello la fisonomía propia de la localidad; además es indispensable crear una estructura urbana compacta y así optimizar el aprovechamiento del suelo y la prestación de los servicios, evitando la dispersión y también el crecimiento desordenado”.
El alto esparcimiento poblacional del municipio, reflejado territorialmente en una diseminación de las localidades, provoca aprovechar inadecuadamente el equipamiento y la infraestructura, sostiene el documento. “Por eso es importante limitar el deterioro del medio natural provocado por contaminar, depredar los recursos y pulverizar la imagen urbana. Y eso es posible controlando los impactos generados por los nuevos desarrollos y obras viales, así como atendiendo las normas establecidas en la legislación ecológica vigente”.
Sigue: “los responsables del ayuntamiento tendrán la tarea de iniciar programas de rescate, conservación y restauración de zonas deterioradas por el avance de la mancha urbana y de actividades industriales, y así evitar la erosión y deforestación del suelo en el territorio municipal”.
El diagnóstico destaca la situación de actividad intensa del volcán Popocatépetl y eso “implica mayor riesgo. Por esas condiciones deberá dejarse fuera de esa zona cualquier tipo de actividad urbana. La permanencia de los bosques ubicados en las faldas del coloso cumple con funciones fundamentales como proteger el suelo contra la erosión, fijar el subsuelo para evitar derrumbes, amortiguar contra la erosión pluvial y facilitar la infiltración lenta y la recarga de los acuíferos”.
De acuerdo con la perspectiva de las autoridades de Atlixco, la preservación de los bosques es fundamental; “sin embargo, su destrucción masiva o puntual, pero frecuente, puede provocar efectos duplicadores del daño en las comunidades. Por ello deben preservarse en su mayor parte, dejando sólo algunos sitios para su aprovechamiento, pero sujetos de normas estrictas en su uso y manejo. Esto incluye el manejo del suelo y sus recursos”.
“Dichas actividades negativas deben regularse para evitar afectar las funciones de conservación de la naturaleza y del atractivo turístico. Por eso es notoria la necesidad de mejorar el uso del suelo haciéndolo más compatible con las funciones anotadas en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano”.

El otro recurso
El reconocimiento de la sobreexplotación de los mantos, de los altos índices contaminantes en las fuentes superficiales y profundas de abastecimiento, el consumo desproporcionado, la falta de interés para el pago del servicio, el crecimiento desorganizado de la mancha urbana y la posibilidad de aplicar medidas drásticas a los usuarios, es otro punto de vista de la Comisión del Medio Ambiente en el gobierno local.
La primera opción “significa mantener tareas oficiales y hábitos comunes que no tocan problemas como el desigual acceso, el despilfarro, la sobreexplotación y contaminación del vital líquido. Es un modelo basado en la obra pública como principal y apabullante mecanismo para satisfacer las necesidades de los distintos usuarios, y que no resuelve las consecuencias ecológicas y socioeconómicas generadas”.
Este esquema implica, por un lado, “seguir construyendo unidades de riego a los agricultores y levantar presas para el almacenamiento y la generación de energía; traer de regiones cada vez más lejanas el agua para saciar la sed de los habitantes y sectores económicos de la ciudad y seguir exportando sedimentos residuales que, plagados de desechos orgánicos, metales pesados y sustancias no biodegradables, contaminan todo a su paso. Hablamos de un sistema que será cada vez mayor fuente de inestabilidad social y conflictos comunitarios por el acceso al agua”.
La segunda alternativa “comprende la nada fácil tarea de repensar y transformar cuestiones como el papel y lugar de la intervención gubernamental en la gestión del recurso; el involucramiento de industriales, agricultores, generadores de energía eléctrica y usuarios domésticos, así como de organizaciones civiles y políticas; crear nuevas pautas de aprovechamiento del agua, que incluyan la eficiencia en el consumo, el reciclamiento y el respeto a la capacidad natural de recarga y presiones de acuíferos y de amortiguamiento”.
“Las reformas son guiadas por una nueva perspectiva y certeza administrativa: debe ser menor la intervención gubernamental y mayor la participación de los sectores social y privado en la regulación del uso y gestión del líquido. El Estado se debe concentrar en crear las condiciones jurídicas e institucionales (tales como derechos claros de propiedad en torno al agua) para un adecuado funcionamiento del mercado y garantía del uso eficiente”.
Esto implica “transferir a los agricultores la administración de los distritos de riego. Es aplicar los principios de que paga más quien más agua usa y contamina, independientemente de si cuenta con el título o permiso correspondiente; además, todos los usuarios deben sufragar derechos en ese sentido”.