Tres curtiembres sobreseídas en una pesquisa por afectación al ambiente continúan volcando residuos contaminantes al Riachuelo, detectó la Justicia, en el marco de una investigación por posible pago de coimas.
Las nuevas pericias ordenadas por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del magistrado Luis Armella, determinaron que tres industrias del sur del conurbano bonaerense continúan arrojando a esa cuenca hídrica desperdicios de cromo en una cantidad diez veces superior a lo consignado.
Los controles se realizaron en el marco de una causa por presunto cohecho en la habilitación de las empresas, en la que se investiga al fiscal federal de Lomas de Zamora interviniente y a dos estudios jurídicos. El magistrado intenta determinar si existía connivencia para "arreglar" causas por contaminación entre el fiscal y los estudios de abogados, uno de ellos regenteado por un ex juez de Lomas de Zamora.
El sitio web del Poder Judicial informó que "a mediados de mayo y por pedido de Armella se recolectaron muestras líquidas y sólidas en los establecimientos y sus alrededores, a fin de realizar nuevas pericias para contrastarlas con las anteriores, que habían acreditado que las firmas en cuestión no contaminaban". Esos controles determinaron que "en ninguna de las pericias realizadas anteriormente figura el laboratorio donde se realizaron ni los protocolos utilizados. Además, se confirmó que el cromo hallado en las muestras recientes supera por diez veces las cantidades encontradas en los estudios anteriores".
El juez Armella es el encargado de controlar que se cumpla el "Fallo Mendoza" de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó a los Estados nacional, bonaerense y porteño sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. En este marco, investiga una causa penal abierta por la denuncia de un empresario, que aseguró que un fiscal federal le recomendó asesorarse con dos abogados de su confianza para "limpiarle" un proceso judicial en su contra por irregularidades en el tratamiento de residuos.
El denunciante explicó que tras comunicarse telefónicamente con el estudio los letrados le solicitaron 250.000 dólares para archivar la causa, previa advertencia de que tanto él como sus dos hermanos "podrían ir presos". El fiscal fue apartado de la causa y junto con los abogados está siendo sometido a investigación, aunque gozan de una exención de prisión concedida por el juez Armella.
En junio de 2006 la Corte Suprema intimó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño a presentar un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, y le ordenó a 44 grandes empresas instaladas en la zona entregar estudios de impacto ambiental. Entre las compañías citadas por el máximo tribunal por arrojar sus desechos al río figuran petroleras, empresas alimenticias, petroquímicas y curtiembres.