Pese a que el gobernador Juan Manuel Urtubey había asegurado que la Provincia no pagaría indemnización alguna por haberle rescindido el contrato a Aguas de Salta, el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), Armando Isasmendi, reconoció ayer que la decisión del gobierno se dirimirá en la Justicia.
De esta manera, el gobierno podría verse obligado a pagarle una indemnización a la ex concesionaria. En la reunión que funcionarios provinciales mantuvieron ayer con los senadores, Isasmendi contó que Aguas de Salta ya rechazó la determinación de la Provincia de terminar unilateralmente con la relación contractual. La compañía habría argumentado que los incumplimientos del contrato vinieron de parte del concedentes, es decir, del Estado salteño. En este sentido, Isasmendi reconoció que "esto va a terminar en juicio" y anticipó que ya está trabajando la Fiscalía de Estado, junto con otros organismos provinciales, en la defensa de la posición de la Provincia.
Hasta el momento, Aguas de Salta no había manifestado públicamente su reacción ante la decisión del gobierno de rescindirle el contrato por incumplimiento. Sin embargo, estaría dispuesta a accionar judicialmente contra la Provincia en busca de una indemnización.

“No tiene pensado vender las acciones”
Los intentos del ministro de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif, de convencer a los senadores de que la Provincia no tiene intenciones de vender o ceder las acciones de la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (CoSaySA) fueron en vano.
Los senadores cuestionaron el sólo hecho de que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que crea la sociedad anónima estatal, y que será tratado el martes en la Cámara de Diputados, permita la venta del capital accionario de la empresa sin la previa autorización de la Legislatura provincial. "Estamos pensando a futuro, pero no está en la cabeza del gobernador (Juan Manuel Urtubey) vender las acciones", les juró Loutaif en la reunión que mantuvieron ayer. Después, agregó que "no vislumbro que venga nadie a comprar las acciones de esta sociedad anónima" y lo fundamentó en la baja rentabilidad que tendría la empresa y las grandes inversiones que se debían realizar. Finalmente, justificó la utilización de la figura de la sociedad anónima en que "le da agilidad para la toma de decisiones". Pero los argumentos no dejaron conformes a los senadores que cuestionan que esa facultad esté en la norma y que escape al control legislativo. Luego de hacer un extenso análisis sobre las deficiencias de Aguas de Salta, el senador radical, José Luis Valle, evaluó que la concesión del servicio a manos privadas había fracasado y consideró que las normas no otorgaban garantías de que no se volviera a la concesión privada y se repitiera la historia. En la misma línea, la cafayateña Silvina Vargas cuestionó la falta de control sobre una eventual venta de acciones, más allá de si estaba o no entre las intenciones del gobierno, y calificó de "inconstitucional" que el servicio pasara a manos privadas.
El artículo 5º del DNU 2.195, que faculta al Poder Ejecutivo Provincial (PEP) a "disponer la posterior venta o cesión del paquete accionario, cuando razones de oportunidad, mérito o conveniencia lo hicieran aconsejable en miras a la más eficaz prestación del servicio público" y sin la venia de las cámaras legislativas, parece ser el punto más polémico de la norma.
Loutaif les recordó que sólo pueden aceptar o rechazar el DNU, pero que no pueden modificarlo. En este sentido, les pidió a los senadores que lo sancionaran para darle continuidad a la prestación del servicio. "Si lo rechazan, se cae todo. El resto lo podemos conversar", concluyó.