En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la única fiscalía ambiental del país afirmó que en los últimos dos años crecieron considerablemente las denuncias por contaminación y relevó, en un informe dado a conocer la última semana, que la mitad de sus acciones penales están vinculadas a la cuenca del río Matanza-Riachuelo.
La Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima) fue creada en 2006 para investigar presuntos delitos penales vinculados con casos de contaminación ambiental, mediante un convenio firmado entre la Procuración General de la Nación y la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
"La Ufima es una unidad de apoyo a las fiscalías, de alcance nacional. Lo que buscamos es canalizar los reclamos de la gente que se ve afectada por problemas ambientales para que las demandas sigan un curso judicial. Estamos realizando un relevamiento nacional de causas con el objetivo de elaborar diagnósticos y propulsar soluciones", declaró el titular de la unidad, el fiscal federal Ramiro González.
Al día de hoy, la Ufima inició 524 actuaciones en 20 provincias, incluída una en la Antártida. Además, formularon 71 denuncias penales, y aunque aún hay muchos problemas pendientes, estos números contrastan fuertemente con los escasos 20 sumarios relevados en el período anterior a su creación.
El informe que dio a conocer la Ufima revela que la problemática de la cuenca de los ríos Matanza y Riachuelo concentra la mayoría de las denuncias medioambientales. Por su contaminación, la fiscalía ha iniciado 237 actuaciones, de la cuales 170 corresponden al ámbito de la provincia de Buenos Aires y 67 a la ciudad de Buenos Aires. Del total, en 36 causas se realizó la denuncia penal correspondiente.
"También es cierto que la problemática del Riachuelo tomó un estado público distinto y la gente tomo más conciencia, por lo que nos llegan más denuncias", dijo González. Sin embargo, consideró que es uno de los conflictos más urgentes a nivel nacional ya que "afecta a casi 4 millones de personas que viven a lo largo de sus 64 kilómetros de extensión".
Según informó el fiscal, el punto de mayor intervención es el que refiere a la violación de la Ley 24.051, que pena a las empresas cuyas actividades industriales no tratan correctamente los residuos peligrosos. Luego, en menor medida, existen investigaciones por la infracción a la Ley de fauna y por el contrabando de especies no permitidas, sobre todo de madera.
La actuación de la Ufima es una de las aristas fundamentales de la ambiciosa meta del saneamiento del Riachuelo. El fiscal explicó que las denuncias penales efectuadas por la contaminación de la cuenca fueron presentadas en tribunales del conurbano y Capital, "en paralelo con el trabajo realizado por el juez federal de Quilmes, Luis Armella".
Armella es el juez designado por la Corte Suprema de Justicia para hacer cumplir el "Fallo Mendoza" con el que el máximo tribunal ordenó a los Estados nacional, bonaerense y porteño sanear el curso hídrico de manera progresiva.
Para la descontaminación resulta imprescindible que, paralelamente a las acciones de saneamiento, se investiguen las irregularidades en materia penal en que todavía se ven involucradas empresas petroleras, alimenticias, petroquímicas, curtiembres, así como también, funcionarios que están siendo procesados por otorgar habilitaciones fuera de la ley.
En este sentido, González dijo que su fiscalía funciona como unidad de apoyo para la investigación judicial. "Tras recibir las denuncias, la Ufima realiza las primeras tareas de inteligencia con extracción de muestras y algún tipo de análisis. Si el problema requiere más profundidad se necesita un laboratorio especializado, para lo que debemos pedir colaboración a distintas fuerzas de seguridad", relató el fiscal.
Sin embargo, en el informe la Ufima denuncia que hay un importante déficit de recursos. "En nuestra corta existencia, hemos podido comprobar que los organismos públicos y las fuerzas de seguridad que pueden actuar como soporte en la producción de la prueba no poseen el equipamiento tecnológico suficiente para la realización de peritajes", dice.
González agregó que "en muchos casos hay que añadir la carencia de recursos humanos técnicamente capacitados para efectuar tareas de perito". Contó que la Ufima cuenta tan solo con una licenciada química y que necesitarían más expertos, equipos técnicos, insumos, en definitiva, presupuesto para trabajar.
Además, el fiscal destaca que hace falta una reconsideración en materia legal: "No hay una figura en el código penal que condene aquello que contamina el agua, el suelo o el aire directamente. Las leyes protegen la salud de las personas, y de esta manera, solo tangencialmente se cuida del medioambiente".
De todas formas, el fiscal considera que la existencia de una fiscalía especializada es un primer avance en la materia. "La gente denuncia mucho más este tipo de delitos, y ahora podemos orientarlos para que puedan actuar para mejorar su situación. Hay investigaciones penales en curso y ya hubo intervenciones concretas en casos de infracciones", declaró.
"Tenemos un camino amplísimo por delante, recién nos estamos fortaleciendo institucionalmente", dijo. "En cuánto a la posibilidad de recuperar el Riachuelo, creo que es un camino muy largo en el que concluyen muchos factores. Sólo puedo decir que es mi anhelo que algún día se logre", concluyó.