La "civilizada" competencia que las empresas constructoras venían ejercitando en las licitaciones públicas quedó literalmente de lado en la obra de los grandes acueductos santafesinos que lleva adelante la administración del socialista Hermes Binner.
El proyecto, que involucra un negocio de casi US$ 500 millones, disparó una fuerte disputa entre las principales constructoras -que también son las más afines a la administración kirchnerista- y que en los últimos años se han quedado con buena parte de las obras públicas nacionales.
La pulseada principal tiene, de un lado, al grupo que integran la empresa Esuco (del titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Enrique Wagner), Roggio, Supercemento y las brasileñas Odebrecht y OAS.
Y del otro lado, aparece la sociedad conformada por Electroingeniería -controlada por Osvaldo Acosta-, JCR (de la familia Relats) y la santafesina Obring. Completa el cuadro un tercer oferente que por ahora está al margen de la discusión: el grupo local Cartellone y la brasileña Andrade Gutiérrez.
La pelea mayor entre las constructoras tiene un componente especial dado por los actores que intervienen en las propuestas de financiamiento de la obra.
El grupo de Esuco y Odebrecht lleva como agente financiero al banco brasileño BNDS. En tanto, el consorcio de Electroingenería cuenta con el soporte crediticio de dos entidades locales: el estatal Banco de Córdoba y el privatizado Nuevo Banco de Santa Fe, que controla el grupo Eskenazi.
En la última semana, la comisión evaluadora de las ofertas decidió precalificar al grupo de Esuco-BNDS y dejar fuera de carrera a la sociedad de Electroingeniería, JCR y Obring, con el argumento de que el esquema de financiamiento local era inconsistente y no se ajustaba a las exigencias del pliego.
El grupo marginado recurrió de inmediato esa descalificación con dos planteos clave: que el financiamiento acercado es exactamente igual al que aprobó la Nación y la provincia de Córdoba para la modernización de la central térmica Pilar y que la propuesta del BNDS está condicionada a la compra de insumos y la contratación de ingenieros brasileños que limitan la participación de firmas locales.
La licitación quedó transitoriamente frenada hasta que la comisión evaluadora conteste la apelación. En caso de que se confirme la decisión, Electroingeniería y sus socios ya anticiparon que elevarán la impugnación a la máxima instancia para la última palabra la tenga el gobernador Binner.