Las obras públicas deben ser transparentes desde su concepción y ejecución hasta la terminación y el aprovechamiento. Aparentemente, no estaría siendo ése el caso de la construcción de los aliviadores del arroyo Maldonado, cuyo encarecimiento ha sido objetado por legisladores de la oposición, quienes han promovido un recurso judicial.
Aquella iniciativa fue recibida con generalizado beneplácito, porque una vez concluida les pondría punto final a los periódicos padecimientos de 300.000 vecinos, asentados en alrededor de 95.000 inmuebles, hoy en día afectados en forma reiterada por los desbordes del curso, que, entubado, atraviesa la ciudad de Buenos Aires hasta desembocar en el Río de la Plata. El Maldonado, que nace en territorio bonaerense, es pacífico mientras no llueve. Pero cuando las nubes descargan volúmenes importantes, se convierte en un caudaloso torrente pluvial y excede por mucho la capacidad de un conducto proyectado hace alrededor de setenta años y terminado a mediados del siglo XX.
Una máquina tunelera, especialmente traída de Europa, perforará dos galerías de casi siete metros de diámetro, paralelas al curso del arroyo: la más corta, de 5 kilómetros, tendrá uno de sus extremos bajo la avenida Juan B. Justo y Niceto Vega, y la otra, de 10 kilómetros de extensión, lo tendrá debajo del cruce de la primera de esas arterias y Cuenca; ambas recibirían el excedente del curso principal y lo volcarían en una suerte de enorme cámara contenedora que, a su vez, se desagotaría en el río.
Los trabajos, autorizados por una ley de 2005, fueron encomendados a una empresa especializada italiana y presupuestados en millones de dólares. El cuestionamiento gira en torno de que modificaciones impuestas a la propuesta original, sin conocimiento de la Legislatura, habrían encarecido ese costo en 90 millones de pesos.
Dos representantes porteños, Sergio Abrevaya y Facundo Di Filippo, y Milcíades Peña, presentaron un recurso de amparo en el juzgado local en lo contencioso administrativo y tributario a cargo del juez Juan Vicente Cataldo, para solicitar la suspensión de los trabajos vinculados con la continuidad de la obra.
No es todo: simultáneamente, organizaciones ambientalistas han denunciado que la perforación por efectuar en la desembocadura del Maldonado, ahondada de acuerdo con esos cambios -tendría 55 metros en lugar de 40- atravesaría el acuífero Puelche y lo pondría en riesgo de contaminación. Al margen de que, según estudios llevados a cabo hace tres años por expertos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, esa reserva de agua de importancia mundial ya estaría parcialmente contaminada por exceso de arsénico, aquel llamado de alerta debe ser tomado en cuenta y esclarecido en todos sus alcances.