La Argentina "es un país que ambientalmente está en rojo" debido a que "el gobierno nacional y la mayor parte de los provinciales siguen facilitando la instalación de las actividades más contaminantes de la Tierra", resaltó un informe de una ONG ecologista.
Según el documento, la destrucción del ambiente "ha sido tan violenta" que la Argentina "ya perdió más del 80% de sus bosques nativos, la biodiversidad sigue en picada y colapsan las poblaciones de peces y de árboles de maderas duras".
El biólogo Raúl Montenegro, titular de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), criticó el desarrollo de actividades como la minería de gran escala y las plantaciones de soja que utilizan "masivamente plaguicidas" en un momento en el que el país "muestra su resistencia ambiental más baja". Esta coincidencia, agregó Montenegro, es "es letal" y "ya provocó tragedias repetidas como las de Tartagal", donde un alud de barro arrasó gran parte de la ciudad salteña a fines de 2008.
"La Argentina es un país que ambientalmente está en rojo. Peor aún, cuando surge una ley nacional para evitar que la destrucción siga, como la de glaciares, el Poder Ejecutivo la veta", comentó.
El presidente FUNAM, una organización con status consultivo en las Naciones Unidas (ONU), difundió un informe con motivo del el Día Internacional del Ambiente, que se celebró el viernes. Montenegro, además, criticó que "los investigadores y ambientalistas" que informan "los daños" ocasionados por "tecnologías, productos y obras mal evaluadas son perseguidos", y al respecto mencionó la situación del científico Andrés Carrasco, que advirtió sobre las consecuencias del glifosato.
"Estamos más indefensos ante el cambio climático, las grandes sequías e inundaciones y el ingreso de especies vectoras de enfermedades", señaló. Este panorama, explicó Montenegro, tiene origen en la disminución de la "resistencia ambiental". Frente a esta situación, el biólogo destacó como positivos la actuación de "grupos de vecinos y comunidades indígenas que se organizan para proteger su salud y el ambiente", y la acción de la Corte Suprema de Justicia al promover "audiencias públicas" frente a casos como los desmontes y el Riachuelo.
"Cuando los menos poderosos veían que sus bosques se derribaban y el gobierno feudal de Salta aplaudía, allí actuó la Corte para colocar las cosas en su lugar", reconoció. Sin embargo, Montenegro aseguró que "las corporaciones están inquietas y los gobiernos provinciales se sienten molestos con la judicialización, incluido el secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni".
"En lugar de aumentar los controles y proteger los últimos bosques y ambientes nativos, prefieren seguir actuando sin que los controlen y sin que los denuncien. No se dan cuenta -apuntó- de que Argentina cambió y que el silencio de la gente buena se rompió definitivamente".