Otra de las polémicas que mantiene el Gobierno Municipal con el de la Provincia es por las lagunas de retardo que se construirían en el sector suroeste de la ciudad.
Se trata de las concesiones 340 y 341, propiedad de Orfinda Ramón Posebón y Ricardo Jorge Bruno y la esquina sureste de la 325 (propiedad de la Mutual del Club Ben Hur) ubicadas al suroeste de la ciudad.
En esas 66 hectáreas, durante la inundación de marzo pasado, se formaron "manchones de agua" debido a que en esos lugares se recibió gran parte de la masa hídrica que venía desde toda la zona oeste, la cual se encuentra en desnivel hacia el río Salado, y desde allí al Paraná.
Debido a estas características, se quieren estos terrenos para realizar una serie de trabajos que consistirían en una depresión escalonada del terreno. En épocas de grandes lluvias se formarían lagunas que regularían el ingreso del agua a la ciudad, permitiendo el normal funcionamiento de los desagües. Cuando las precipitaciones escaseen, esos lugares, serían utilizados como espacios verdes.
Antes de realizarse estas obras, deberá llevarse a cabo un estudio de impacto medioambiental.
En noviembre de 2007, la Legislatura de la Provincia declaró "de utilidad pública y sujeto a expropiación". Pero pese al tiempo transcurrido, aún no ha habido una resolución por parte del Ejecutivo Provincial.
Los tres dueños están exigiendo cerca de 8 millones de pesos por sus terrenos, mientras que la Provincia los valuó en $ 1,5 millón. Pero debido a que esta cotización ya fue ratificada por el Comité Evaluador provincial, sólo resta que la Provincia haga el depósito judicial necesario para que la Municipalidad pueda hacerse de los terrenos y comenzar los trabajos. Mientras esto ocurre, los dueños podrían continuar con su litigio por la diferencia monetaria.
Junto con la ley con destino a Rafaela, se aprobaron otras dos expropiaciones: la casa de Sor Josefa en Santa Fe o el cine El Cairo en Rosario. Ambos ya tuvieron una resolución, mientras que el de nuestra ciudad, aún navega en las turbias aguas de la burocracia.
Hay algo peor que eso: el desconocimiento de los funcionarios. En la reunión del lunes 18 de mayo, el Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio se mostró inconsistente a la hora de hablar del tema: primero pareció hablar de un loteo. Después dijo que aún se debía expedir el Tribunal de Tasación. Luego, cuando reconoció que esta etapa ya había sido superada, señaló que "todavía estamos esperando el proyecto técnico. Sin él, no sabemos si se adecúa a lo que pretende la Provincia".
Pero la ruta del expediente es clara y no admite dudas: el proyecto fue entregado durante la gestión del Gobierno anterior y el 12 de diciembre de 2007 se presentó otra nota dirigida al Director de Estudios y Proyectos del Gobierno Provincial que asumió dos días antes, para reforzar la información entregada anteriormente.
La nota, refrendada en su parte posterior con un sello oficial, tiene una referencia explícita que menciona las "fracciones de terreno denominados Conc. 325 (parcial 9, 341-341-Depto. Castellanos: declárese de utilidad pública y sujetos a expropiaciones destinados a obras de saneamiento hidráulico".
Además, la misma nota hace mención del expediente original y un agregado al mismo. Tales expedientes son el 00201 - 0124982-3 y 01801 - 0008681-5, respectivamente. Lo grave es que el Ministro parece ignorar lo que ocurre en los despachos de su propio Ministerio, ya que el expediente pasó por la Subsecretaría de Planificación y Gestión y en la Dirección General de Proyectos, ambos sectores pertenecientes a la cartera que dirige Ciancio, según se puede constatar por el Sistema de Información de Expedientes, lugar al que se puede acceder gratuitamente por Internet.
Lo importante aquí es que mientras esos terrenos forman parte de la disputa política entre las administraciones socialista y perottista, la posibilidad de que la ciudad vuelva a inundarse sigue estando latente.
Y quienes van a sufrir no serán los funcionarios, sino la gente a la cual cada uno dice proteger.