Esta vez presentamos una panorámica de los impactos de las represas, sean de irrigación, hidroeléctricas o de almacenamiento de agua, sobre las regiones, las economías, la ecología y la vida de los millones de desplazados que han sufrido en carne propia decisiones de “desarrollo” tomadas en otro lugar y otros tiempos por personas ajenas a las que no les importa sino “el mayor bien común” —uno definido muy ambigua y tendenciosamente.
Los fragmentos de comunicados, estudios, reportajes, informes y reflexiones provienen como siempre de muchas partes. No agotan un tema candente que podría llenar las páginas de varios números de Biodiversidad. Ésta es sólo una primera revisión, que ojalá les incite más búsquedas, uno de los objetivos de esta sección.
Las represas alteran el funcionamiento natural de los ríos. Pueblos bajo las aguas, territorios expropiados, medios de subsistencia de comunidades ribereñas desaparecidos, personas desplazadas, pactos incumplidos con los afectados, daños al medio ambiente…
Aunque los beneficios inmediatos se solían considerar suficientes para justificar las enormes inversiones, el costo total de las grandes presas es hoy una preocupación pública grave.
La justificación económica no se ha hecho realidad en los sistemas de irrigación, suministro de agua e higiene pública. Tampoco en el control de inundaciones ni en la producción de electricidad. Los impactos ambientales son más negativos que positivos y entrañan pérdidas irreparables de especies y ecosistemas. El desplazamiento físico de las personas afectadas, con demasiada frecuencia involuntario, implica coerción y fuerza, y en algunos casos la pérdida de vidas…
Después de que la Comisión Mundial de Represas cuestionó la eficiencia de estas obras, en Europa se aprobó una directiva-marco con el fin de recuperar el buen estado de los ríos, y un cambio en el concepto de gestión del recurso… basado en el respeto a los ríos por lo que son y a las personas que habitan sus valles por su cultura y su identidad, apostando por las energías alternativas más respetuosas con el medio ambiente… [entonces] varias empresas españolas marcharon a otros lugares donde se les permite seguir sacando jugosas tajadas económicas por abusar de los recursos naturales, sin tener presente los desequilibrios ambientales y sociales que la comunidad científica a nivel mundial denuncia como consecuencia de las más de 45 mil represas construidas. Estas entidades se ven apoyadas por una iniciativa reciente del gobierno español que creó un Foro Empresarial para defender intereses en Latinoamérica. Participan altos cargos del gobierno español y algunos de los máximos ejecutivos de 12 empresas: Telefónica, Bancos Santander y bbva, Repsol, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, Agbar, prisa, Sol Meliá, acs. Informe de la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, junio de 2005
Gran estafa es la presa El Cajón, en México. Hace unos años circuló la historia: “Y ahora cómo le decimos al presidente Fox que estamos equivocados”, comentó el secretario de Energía, Ernesto Martens, a Manuel Frías Alcaraz, ex funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (cfe), quien lo había convencido de que el proyecto hidroeléctrico El Cajón —la obra de infraestructura más sonada de gobierno de Vicente Fox— tenía “serias fallas de concepto y de planeación”.
Frías Alcaraz refiere que se reunió en privado con Martens y el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener), Nicéforo Guerrero, a principios de octubre de 2001, para decirles que la hidroeléctrica no iba a servir porque su principal problema sería la falta de agua para sustentar una operación normal. Les advirtió: “Van a tener que esperarse a que desafortunadamente ya no produzca cuando la terminen”.
En febrero de ese año Ingenieros Civiles Asociados (ica) y sus socios ganaron la licitación para construir la hidroeléctrica El Cajón en Nayarit. El Congreso autorizó 812 millones de dólares. Sorprendido, Frías Alcaraz expresa: “Pensé que iban a reflexionar. Es un proyecto con problemas de funcionamiento continuo y confiable, y de baja rentabilidad. Es un error haber seleccionado esta obra”.
Frías Alcaraz relata que Martens manifestó su incredulidad. “Me decía: ‘¿cómo es posible que con una obra de esta magnitud, con tanta experiencia que se tiene en la ingeniería mexicana y en la cfe para estos proyectos, vayamos a estar equivocados? Son proyectos que se estudian muchos años’.”
Varias veces explicó a Martens y a Nicéforo Guerrero que los defectos de la obra no estaban propiamente en la ingeniería de la hidroeléctrica, sino en el sitio escogido, ya que no contaba con suficiente agua. Les pidió entonces que plantearan la situación en esos términos al presidente Fox, “porque no es justo que el pueblo de México tenga que pagar los errores de ustedes. Definan correctamente la línea de responsabilidades. No es justo que toda una institución y todo un gobierno paguen las consecuencias”.
Frías Alcaraz atribuye el silencio de Martens y Nicéforo Guerrero al hecho de que la obra ya estaba aprobada por el Congreso y los recursos presupuestados por la Secretaría de Hacienda, además de que contaba con la aprobación de expertos de México y del extranjero. Fernando Ortega, “El Cajón. Una presa que no tendrá agua”. Contralínea, 11 de junio de 2003.
Bolivia ratificó su “preocupación” por el impacto ambiental “que tendrán las represas Santo Antonio y Jirau, sobre el río Madeira a unos 100 kilómetros de los límites con Bolivia”, dijo el viceministro de Medio Ambiente boliviano, Juan Pablo Ramos.
Las constataciones figuran en estudios realizados por las autoridades de Bolivia, entregados al canciller brasileño, Celso Amorim, por su homólogo boliviano, David Choquehuanca, durante la reunión que mantuvieron la víspera en Brasilia, explicó Ramos.
Una de las mayores preocupaciones es que los espejos de agua creados por las represas pueden favorecer la proliferación de enfermedades tropicales como dengue o malaria, en una zona amazónica de potenciales riesgos, indicó.
Ramos desmintió versiones sobre la firma de un acuerdo mediante el cual Bolivia cesaría sus reclamos y afirmó que, por el contrario, Brasil ha reconocido “por primera vez” que el asunto debe ser discutido y negociado…
Según el proyecto en desarrollo, ambas represas provocarán la inundación de un área de unos 500 kilómetros cuadrados y las obras tendrán un costo superior a los 12 mil millones de dólares.
Los canteros de obras fueron visitados la víspera por el jefe de Estado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien garantizó que el gobierno ha creado grupos para vigilar las condiciones de trabajo y el posible impacto ambiental de las construcciones.
En diciembre pasado, las autoridades ambientales brasileñas multaron con 3.35 millones de dólares al consorcio encargado de Santo Antonio por la muerte de once toneladas de peces durante la primera fase de las obras, en la que fueron contenidas las aguas del río para sentar las bases de la represa. Agencia Efe, La razón, 13 de marzo de 2009
En vísperas del Día Internacional de Acción en contra de las Represas, la Segunda Asamblea del Movimento dos Atingidos por Barragens (mab) o Movimiento de Afectados por las Represas se dirigió al Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (incra), en una manifestación pacífica, animada por cantos en defensa de los derechos de los pueblos afectados y pancartas con mensajes como: “¿Represas para qué y para quién?” o “Agua y energía no son mercadería”.
Mujeres y hombres de todas las edades recorrieron 5 kilómetros hasta el incra e ingresaron a sus instalaciones. Acompañó a la manifestación de los ribereños un grupo representante de Bolivia, país que también sería afectado por la construcción de las represas en el río Madeira o Madera. Si bien parecía que los funcionarios del incra tenían “toda” la predisposición de tener una reunión pacífica con los manifestantes, repentinamente entraron al recinto doce policías federales fuertemente armados con metralletas y gases lacrimógenos y detuvieron a seis bolivianos que se encontraban en el café del incra. Los llevaron escoltados a la Policía Federal y después los deportaron. A pesar del atropello, los manifestantes, concluyeron la reunión de manera pacífica.
Esto devela la relación directa que tiene la lucha sin fronteras por los derechos humanos y la represión sin fronteras. Los intereses que son defendidos por el capital son los mismos en todo lugar e incluso suelen tener las mismas expresiones represivas y ofensivas. Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, Las Comunidades y el Agua Redlar (marzo de 2009)
La lucha contra la presa Sardar Sarovar en India ha venido a representar mucho más que la lucha por un río. Ésta ha sido su fuerza, pero también su debilidad. Al generar debate, aumentó lo que estaba en juego y la complexión de la batalla cambió. De ser una lucha donde se jugaba el destino de un valle ribereño pasó a cuestionar el sistema político completo. Se puso en juego la naturaleza misma de nuestra democracia. Quién posee la tierra. De quién son los ríos, los bosques, los peces. Son preguntas inmensas. Y el Estado las toma muy en serio. Y las responde con una sola voz a través de cada una de las instituciones que lo obedecen: el ejército, la policía, la burocracia, las cortes. Y no sólo las responde, las responde sin ambigüedad, de modos amargos y brutales.
Para la gente del valle, el hecho de que aumente a este grado lo que está en juego significa que su arma más efectiva —los datos específicos sobre aspectos específicos en este valle específico— quedó sin filo por culpa del debate sobre los grandes aspectos.
La premisa básica del argumento estalló en fragmentos que se esfumaron con el tiempo. De vez en vez alguna pieza del rompecabezas flota por ahí —un recuento emocional del horrible trato que el gobierno le propinó a los desplazados; un regaño desde las alturas por el hecho de que “un puñado de activistas” tenga la nación como rehén; un reportero informa del progreso de las demandas que ahora llegan a la Suprema Corte…
Los expertos y los consultores secuestran algunos de esos aspectos —el desplazamiento, la rehabilitación, la hidrología, el drenaje, el acopio de agua, el tratamiento de las aguas, la pasión, lo político— y se los llevan a sus guaridas para resguardarlos de la curiosidad no autorizada de la gente común. Los antropólogos sociales conducen acres debates con los economistas por la jurisdicción de las investigaciones. Los ingenieros se rehusan a hablar de política cuando presentan sus propuestas. Pero desconectar la política de la economía, de la emoción y la tragedia humana del desarraigo es como romper un ensamble musical. Las partes ya no suenan igual. Queda el ruido pero no se entiende… Arundhati Roy, El álgebra de la justicia infinita, 2001.
Les vamos a pedir que se vayan de sus casas después de que terminemos la cortina de la presa. Si se van, todo estará bien. De otro modo, soltaremos las aguas y todos se ahogarán. Morarji Desai, hablando en una reunión para la gente de la zona de inundación de la presa Pong en 1961. La represa eliminó, paulatinamente, la economía y los modos de vida de los afectados: “pescadores comerciales y de subsistencia, fabricantes artesanales de ladrillos y tejas, recolectores de juncos para techar quinchos, lavanderas, dueños de pequeños astilleros, agricultores, tanto de la margen paraguaya como de la argentina, en las provincias de Misiones y Corrientes”. Debajo de las 100 mil hectáreas inundadas han quedado historias, culturas y un impacto ambiental aun no sospechado.
A ello se suma que el río Paraná en esa parte está contaminado por tres papeleras de capitales chilenos. “Los paraguayos reclaman por el mal uso que se le da al río, por no haber estudios de impacto de esas papeleras. En el Paraguay la población entera que fue trasladada a esos ghettos no tiene trabajo y no tiene de qué vivir. ¿Dónde se fueron?, al basural a competir con los chanchos, los perros y las ratas. Lo cuento y a mí me hace llorar, porque recuerdo lo que vi en San Cosme, en Encarnación, en tantos lugares”, agrega Coco. Testimonios de los afectados por la represa Yaciretá en el río Paraná. http://picasaweb.google.es/afectadosyacyreta
Históricos pobladores del valle del río Ibáñez y de la cuenca del Baker, en Chile, junto a vecinos de Coyhaique, Puerto Aysén, Bahía Murta y Cochrane, entre otras localidades, enfatizaron la necesidad de recuperar la propiedad de aguas para la subsistencia actual y futura de las comunidades de Aysén, cuestionando que hoy los recursos hídricos de la Patagonia se encuentren mayoritariamente en manos de empresas eléctricas chilenas y extranjeras. Sus palabras las sustentaban decenas de lienzos y carteles con la consigna “Devuelvan las Aguas”.
Francisco, hijo del poblador de Villa Cerro Castillo, Juan Antrillao Hueitra (acompañado por su padre), señaló: “muchas veces la gente de HidroAysén y quienes dicen estar a favor de este proyecto dicen que no somos representativos. Nosotros nos criamos con las aguas del río Ibáñez, vivimos, cultivamos la tierra, y nuestros padres dejaron su vida y su juventud en estas montañas”. Agregó que “nosotros somos los más indicados para decir: alto señores de HidroAysén, no queremos ser atropellados una vez más, porque esto parece una segunda colonización” Testimonios de los afectados por la transnacional Endesa. www.mapuexpress.net, 15 de marzo de 2009
La Corte Constitucional de Ecuador ordenó al Ministerio del Ambiente revisar la autorización ambiental del Proyecto Multipropósito de Baba (pmb) y reformular los términos de la licencia ambiental. A la contraloría general le ordenó auditar los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental. Según su decisión del 15 de diciembre, sí existen riesgos de causar impactos severos e irreversibles en la biodiversidad ecuatoriana, mismos que no fueron valorados adecuadamente, como incluso habían concluido expertos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Esta resolución del máximo tribunal ecuatoriano es consecuencia de la acción de amparo promovida por Ecolex en mayo de 2007, rechazada en primera instancia. La apelación ante el Tribunal (ahora Corte Constitucional), insistió en que se afectaban los derechos humanos al ambiente sano, al agua, a la propiedad, al trabajo, a la alimentación y a la consulta, entre otros. aida y las organizaciones International Rivers y fian Internacional apoyamos la apelación denunciando las violaciones a estándares internacionales ambientales y de derechos humanos, vinculantes para el Estado ecuatoriano. Expertos de Elaw de Estados Unidos habían informado acerca de las graves fallas del estudio de impacto ambiental.
“Esta decisión es un triunfo inmenso para las comunidades afectadas y para el país, pues reitera que la protección ambiental es también de interés nacional” dijo Silvana Rivadeneira de Ecolex y abogada del caso.
El pmb implicaría la inundación de más de mil hectáreas de importantes ecosistemas de la provincia de los Ríos, afectando a las poblaciones ribereñas del río Baba, Quevedo y Vinces. El proyecto fue autorizado por el Ministerio del Ambiente en noviembre de 2006 y está a cargo de la empresa Hidronación sa quien asumió la construcción del proyecto después que la empresa brasilera Odebrecht fuera expulsada del país por el gobierno ecuatoriano.
“El Proyecto Baba es un ejemplo de lo que no son energía limpia y al contrario, podría contribuir a empeorar el cambio climático. La decisión de la Corte confirma su falta de sustentabilidad”, sostuvo Monti Aguirre de International Rivers.
“Dados los efectos negativos para el ambiente, las personas y el cambio climático de las grandes hidroeléctricas —razón por la cual apoyamos la demanda—, el ordenar la evaluación integral del Proyecto Baba es una excelente noticia. Estaremos pendientes de la revisión, y esperamos que esta decisión sirva de precedente para los cientos de proyectos hidroeléctricos que están en curso en las Américas, con fallas muy similares al de Baba”, dijo Astrid Puentes, codirectora de aida. Comunicado de Prensa fian Internacional, aida, Ecolex, International Rivers, enero de 2009. Ver http://www.fian.org
Los gobiernos de Ecuador e Irán firmaron el jueves un acuerdo para el financiamiento y construcción de dos proyectos hidroeléctricos. Esto cubrirá el 60% del costo total de las nuevas centrales.
Los proyectos beneficiados por el convenio son la represa de Quijos-Baeza, con capacidad para generar 100 megavatios, y la de río Luis, que podría producir 15 megavatios. La constructora iraní Farab asumiría la construcción de dichas centrales.
El acuerdo fue suscrito entre el ministro de Electricidad y Energía Renovable, Alecksey Mosquera, y su similar del Ministerio de Energía de Irán, Hamid Chitchian. El preacuerdo determina que debe entregarse el financiamiento de 40% que corresponde al Ecuador, que tiene más de 10 proyectos hidroeléctricos, analizados por Irán y que tal vez podrían ser financiados. AméricaEconomía.com, 6 de marzo de 2009
En México, el capitalismo neoliberal y los gobiernos federal y estatal han impuesto en los últimos tiempos políticas económicas de desarrollo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Plan Puebla Panamá, hoy Proyecto Mesoamericano. Son proyectos de explotación minera, construcción de represas para la generación de energía, corredores eólicos y de infraestructura vial que les facilite el intercambio comercial. Este modelo ha puesto precio a la tierra, ríos, bosques, agua, minerales, hasta los propios territorios de los pueblos indígenas y campesinos.
Bajo este contexto se inscribe el proyecto hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la Reina, que pretenden imponernos en los municipios de Santiago Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Tetepec, Santiago Jamiltepec, Tataltepec de Valdés y San Pedro Tututepec, Oaxaca.
Por las razones anteriores y frente a la necedad de la Comisión Federal de Electricidad de llevar a cabo este proyecto, los pueblos mixtecos, chatinos, afrodecendientes y mestizos de las comunidades afectadas, decidimos organizarnos en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde con el fin de parar este megaproyecto.
Hombres y mujeres, de los municipios y comunidades afectadas, así como organizaciones civiles, organizaciones comunitarias, redes nacionales movimientos sociales, nos reunimos en Tataltepec de Valdés los días 27 y 28 de febrero del 2009, en el V foro por la Defensa del Agua, el Territorio y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con la finalidad de fortalecer la articulación regional y las alianzas, para tomar acciones conjuntas en la defensa de los recursos naturales. Y consideramos:
Que el proyecto hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la Reina, pone en peligro la vida de los pueblos indígenas y campesinos de la región. Representa una amenaza para el ecosistema de la cuenca del río Verde y el parque nacional de Chacahua, entre otros. El proyecto sólo beneficia a las grandes empresas trasnacionales y conlleva al desplazamiento forzoso de las comunidades de sus territorios. Violenta los derechos más fundamentales de los pueblos indígenas y campesinos como la libre determinación, la consulta e información, y el decidir sobre el manejo de sus tierras, territorios y recursos naturales. Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, 28 de febrero de 2009
En Colombia, el gobierno nacional declaró de utilidad pública e interés social los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. El proyecto hidroeléctrico, se encuentra localizado al sur del departamento del Huila, sobre la cuenca alta del río Magdalena, en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado y Altamira.
“Para cumplir con este propósito se construirá una presa sobre el cauce del río, formando un embalse cuya caída es aprovechada en una central superficial que luego descarga los caudales turbinados al mismo río Magdalena, aguas abajo del sitio de la presa.” La declaratoria de utilidad pública fue hecha a favor de la Empresa Generadora de Energía (Emgesa), mediante la resolución número 321 del primero de septiembre de 2008, previa solicitud tramitada ante el ministerio de Minas y Energía. El decreto explica que mediante oficio, la dirección de Etnias del ministerio del Interior y de Justicia, certificó que en esta zona “no se registraron comunidades indígenas ni negras que se pudieran ver afectadas por el desarrollo del proyecto hidroeléctrico”. Por su parte, el Incoder certificó que de acuerdo con las coordenadas del proyecto “no se cruza o traslapa con territorio legalmente titulado a resguardos indígenas o tierras de las comunidades negras”.
Por fortuna, la dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales notificó a Emgesa para que inicie los descargos en cumplimiento de la resolución 227 del 11 de febrero de 2009, por medio de la cual “se formula un cargo en contra de Emgesa por presuntamente iniciar la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo... sin contar con licencia ambiental, incumpliendo la normatividad ambiental vigente”. Aquí no caben mayores ilusiones. Quienes juzgan terminarán subordinados a la multinacional Emgesa debido a que existen poderosos intereses económicos y políticos que impondrán, por la fuerza, el otorgamiento inmediato de la licencia ambiental a Emgesa, desconociendo las voces mayoritarias y los argumentos sólidos de oposición al proyecto. Así se otorgue la licencia ambiental continuaremos con la resistencia civil. Ver comunicados de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, febrero de 2009.
Tres pueblos se encuentran amenazados de muerte, una vez más, en nombre del desarrollo: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en los Altos de Jalisco, México. El gobierno federal y estatal pretenden imponer a toda costa la construcción de una presa de almacenamiento de agua, llamada presa Zapotillo, que traerá como consecuencia la inundación de toda la región.
Al principio las autoridades del agua negaron constantemente la existencia del proyecto y después, una vez reconocida la pretendida obra, las autoridades federales y estatales no han dejado de hostigar a los habitantes y dueños de predios de las zonas afectadas con diversas estrategias: reuniones amañadas con pobladores, intimidación casa por casa, organización de grandes fiestas y comilonas —donde se ofrece cerveza a cambio de escrituras— el convencimiento de algunos pobladores que sirven de intermediarios del gobierno, llamadas telefónicas a las casas de los hijos ausentes o migrantes (sin importar si están en Guadalajara, Monterrey o Estados Unidos), volantes que dejan debajo de las puertas, spots de radio y un largo etcétera.
La respuesta mayoritaria de los pobladores es siempre la misma: “no queremos su presa”, “háganla en otro lado”, “no nos negamos a compartir el agua del río, pero no nos inunden”, “déjennos vivir en paz”. Esta negativa se la han hecho saber a las autoridades por todos los medios que les ha sido posible: reuniones, cartas, marchas, mítines, caravanas, volantes, conferencias de prensa, movilizaciones pacíficas al sitio donde se está construyendo la presa, al Congreso del Estado, a las presidencias municipales, a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del gobierno de Jalisco.
Es aterrador el desprecio de las autoridades federales y estatales del agua tienen por la gente. En enero de 2008 el gerente regional del Organismo de Cuenca de la Conagua, Raúl Antonio Iglesias Benítez, ante la oposición de los pobladores, declaró: “se salen o se ahogan, les vamos a comprar lanchas y salvavidas para que no se preocupen”. Se le ha exigido a la población que presente alternativas técnicas para la solución de los problemas de agua de la región, cuando es el gobierno quien debería de estar buscándolas, pues tienen los recursos, los medios y la obligación de hacerlo. Desde su saber, los pueblos del mundo están conscientes que las grandes represas no son la solución a los problemas de agua y que no pueden considerarse una alternativa sustentable de energía. Este tipo de presas terminan contaminando y matando los ríos, como toda agua estancada, y contribuyen al incremento del calentamiento global.
Por eso, en las fiestas patronales de enero, la fiesta fue de la nostalgia a la resistencia, de la rabia a la alegría, de la desesperanza al ánimo. La gente no tiene idea de lo que les depare el gobierno, pero saben que no se van a dejar, algunos han decidido que esperarán el agua, mientras siguen buscando alguien que los quiera escuchar. En la asamblea de pobladores de Temacapulín, junto con los comités Salvemos Temaca de Guadalajara, Monterrey, Distrito Federal, Los Ángeles, San Francisco o Tijuana, todos los hijos de Temaca, los ausentes y los presentes, ratificaron su rechazo a la presa y su voluntad de seguir en pie de lucha, contra lo que ellos mismo llamaron un delito de “necia” humanidad. Claudia Godoy, Colectivo Coa, marzo de 2009
En Panamá, las autoridades de Bocas del Toro iniciaron la persecución de dirigentes indígenas naso y ngobe desde el pasado viernes 27 de marzo, luego de las masivas protestas del domingo 22, Día Mundial de Agua. Una multitud de indígenas salió a las calles y cerró el transito vehicular en varios puntos de la provincia, manifestándose en contra de los proyectos hidroeléctricos, mineros y turísticos que afectan sus territorios y su forma de vida.
Su modo y medios de vida se encuentran cada vez más amenazados por megaproyectos como la presa hidroeléctrica Bonyik propuesta por Empresas Públicas de Medellín (epm), de Colombia, por desarrollos costeros para jubilados y por la expansión de la industria ganadera. Su desplazamiento ha forzado a algunos miembros de las 11 comunidades naso a trabajar en las plantaciones bananeras que han hecho a las trasnacionales famosas en Centroamérica.
El proyecto Bonyik, una de cuatro presas planeadas para el río Teribe, es tan polémico que en 2005 el Banco Interamericano de Desarrollo suspendió la consideración de los créditos para su construcción que había buscado epm, empresa con sede en Colombia, país vecino de Panamá. Pero aes Corp, con base en Estados Unidos, ha seguido buscando financiamiento. Con información de Talli Nauman, ecoportal.com, y Olmedo Carrasquilla II, radio-pla-ne-ta77@gmail.com
Nos aseguraron hasta el cansancio que con ese mar de petróleo navegaríamos en la gloria. Y lo creímos. Entonces explotaron Caño Limón lo que significó para el pueblo guahibo su destrucción. Alcoholismo, prostitución, violencia y desarraigo. Hoy, veinticinco años después, el guahibo está herido, Caño Limón se agota y el desarrollo que nos auguraron fue una falacia.
Luego afirmaron que con la represa terminarían los desbordamientos del Sinú; con estos argumentos construyeron Urrá que anegó también al pueblo embera katio. Les quitaron el pescado, asesinaron a Kimy, a Lucindo, los desplazaron. Hoy, seis años después, el Sinú rebosó la presa llevando a la miseria a miles de pescadores y campesinos que perdieron todo cuanto tenían. Cabildo indígena Cerro Tijeras, Altamira, Colombia, 6 de septiembre de 2007
Aguas para la vida y no para la muerte. Así gritan con coraje y convicción, los activistas del Movimiento dos Atingidos por Barragens (mab) de Brasil, siendo hoy un lema que recorre el planeta en boca de los millones de afectados por grandes represas y movimientos aliados a esta causa.
En Brasil, las represas expulsaron cerca de 1 millón de personas y más de 34 mil kilómetros cuadrados de superficie fueron anegadas por embalses. mab denuncia que estos proyectos benefician prioritariamente a empresas transnacionales que se apropian de la naturaleza y destruyen la vida en nombre del “desarrollo” y del lucro.
Argentina cuenta, para diferentes propósitos, con unas 130 represas. Actualmente hay cuatro licitaciones nacionales en marcha en las provincias de Neuquén, Mendoza, Catamarca y Santa Cruz. En la provincia de Corrientes un grupo privado presentó un proyecto para represar el arroyo Ayuí, que inundará 8 mil hectáreas con un fin agroindustrial. También está en marcha el llamado a preclasificación de consorcios de firmas consultoras para el estudio de factibilidad de Corpus Christi sobre el río Paraná y ya se instaló en Buenos Aires la empresa de ingeniería del grupo Camargo Correa, para realizar estudios para la represa de Garabí sobre el río Uruguay. www.pescapira.com.ar
Quedó suspendida la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, en Guerrero, México. Se le consideraba uno de los proyectos de inversión más importantes del gobierno foxista, pero la juez federal Livia Larumbe Radilla concedió una suspensión definitiva en vía de amparo a los pobladores del municipio de Cacahuatepec, Guerrero, y ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (cfe) que de inmediato detenga la construcción del embalse.
La resolución ordena “que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y las autoridades se abstengan de autorizar la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales del río Papagayo para el proyecto hidroeléctrico La Parota, por los daños irreversibles a los quejosos que viven en Cacahuatepec”.
Este megaproyecto, emprendido hace cuatro años, provocó fuerte resistencia de los pobladores que resultarían afectados y de movimientos ambientalistas, quienes argumentan que la construcción de la presa provocaría el desplazamiento de 25 mil personas, la inundación de 17 300 hectáreas y un grave deterioro ecológico.
Los opositores al proyecto formaron una agrupación denominada Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (cecop).
Esta lucha no ha estado exenta de víctimas: tres campesinos fueron asesinados por impedir que la cfe construyera el embalse. Los campesinos han enfrentado constantes amenazas de expropiación de tierras por parte del gobierno federal. Alfredo Méndez, La Jornada, 14 de septiembre, 2007
India presume de ser la tercera constructora de presas más grande del mundo. Según la Comisión Central de Aguas, tenemos 3 600 presas que califican como grandes, de las cuales 3 300 se construyeron después de la independencia… Según un estudio detallado sobre 54 grandes presas, realizado por el Instituto de Administración Pública de India, el número promedio de gente desplazada por cada represa en el país es de 44 182 personas… para errar cautelosamente, quitémosle la mitad a ese número. O mejor, erremos del lado excesivo de cautela y digamos que el promedio de personas desplazadas es de apenas 10 mil por represa grande. Es una cifra muy baja e improbable, pero bueno, no le hace… saquen sus calculadoras: 3 300 presas por 10 mil personas, suman 33 millones de personas desplazadas.
Desplazadas en India tan sólo por las grandes presas en 50 años. Si a eso les sumamos los desplazados por otros proyectos de desarrollo en la región la suma crece a 50 millones, de los cuales 57.6 son adivasis, el mayor pueblo indígena de India. Cincuenta millones es casi tres veces la población de Australia. Más de tres veces los refugiados producidos por la partición de India. Diez veces el número de refugiados palestinos. El mundo occidental se convulsionó por el futuro de un millón que había huido de Kosovo. Arundhati Roy, El álgebra de la justicia infinita, 2001.