El gobernador Luis Fortuño firmó ayer la ley de las Alianzas Público-Privadas, el modelo mediante el cual la administración espera echar a andar multimillonarios proyectos de infraestructura que, de otra manera, no tendría dinero para financiar.
“Que quede bien claro que esto no es privatización. Aquí todos tenemos que ser parte de la solución y el momento de las APP es ahora”, señaló Fortuño, al firmar la ley tres días después de que miles marcharon masivamente para pedirle que no lo hiciera.
El mandatario indicó que con la nueva ley la población tendrá acceso a conocer a través de internet todas las transacciones que se realicen en las APP, y reiteró que todo se realizará de forma reglamentada.
Asimismo, reiteró que el concepto de las APP es aceptado hoy día “en todo el mundo” y explicó que de la forma en que trabaja es que el sector privado hace la inversión capital en 100%, maneja ese proyecto por un periodo de años y, al final de cierto tiempo, a un máximo de 75 años, revierte todo el control al Estado.
“(La cantidad de años) va a depender de la inversión que se haga. Cuando tienes una obra que cuesta cientos de millones de dólares, asumo que (el contrato) será de mayor tiempo”, dijo el mandatario.
Mientras, Fortuño destacó que el énfasis de la ley es casi únicamente en el área de infraestructura, como desperdicios sólidos, el desarrollo de embalses y represas, de plantas para la generación de energía renovable, de sistemas de transportación que van desde carreteras hasta la extensión de trenes, proyectos de vivienda e instalaciones deportivas o recreativas, entre otros.
“Cuando vienes a ver todo es de infraestructura, excepto los servicios de sistema de alta tecnología de informática y mecanización”, apuntó.
El presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Carlos García, señaló que actualmente hay cerca de 28 proyectos que se podrían desarrollar a través de alianzas, con un estimado de inversión entre $6,000 y $7,000 millones en un período de tres a cinco años y que podrían generar de 112,000 a 120,000 empleos indirectos y 23,000 directos.
Fortuño descartó que las universidades puedan pasar a ser una APP y aclaró que las alianzas no conllevan el traspaso de titularidad de ningún bien público.

Persiste oposición
El viernes, miles de personas, reunidas en la Coalición Todo Puerto Rico por Puerto Rico, marcharon desde el puente Dos Hermanos en el Condado hasta las inmediaciones del Capitolio, reclamando principalmente que se detenga el plan de despidos de empleados públicos, pero también que no se firmara la ley de las APP.
Los opositores a la medida sostienen que este estatuto abre la puerta a la privatización de empresas y bienes públicos. Fortuño dijo el mismo día de la marcha y durante el fin de semana que no daría marcha atrás.
Ayer, hizo buena su palabra estampando la firma en una ceremonia en la Ruta 66 en Canóvanas, cuya extensión se espera que sea uno de los proyectos que pueda ser encaminado bajo el modelo de las APP.
El líder sindical Federico Torres Montalvo, de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), dijo ayer que Fortuño cometió “un grave error” al firmar la ley, a pesar del reclamo de las uniones obreras y otros sectores de la comunidad.
“Un gobernador de un país tiene que escuchar al país, y la democracia no se puede limitar a cada cuatro años. Si el Gobierno pierde contacto con el pueblo y le da la espalda, está cometiendo un grave error”, dijo Torres Montalvo.
Igualmente, José Rodríguez Báez, de la Federación de Trabajadores, arremetió contra Fortuño por la firma de la ley. “Está claro que ese proyecto de ley de las APP el pueblo no lo prefiere ni lo quiere. Es una falta de respeto y (que lo haya firmado). Empeora las relaciones en este país. Lo único que puedo decir es que tenemos que incrementar y escalonar la lucha de esa Asamblea de Pueblo”, sostuvo Rodríguez Báez.
Fortuño destacó que la firma de la ley de las APP no corresponde a una respuesta a la marcha del pasado viernes, sino a su compromiso de gobierno.
“Esto es el compromiso de gobierno, está en nuestro programa de gobierno y se discutió en los tres debates de gobernador. La pasada administración lo estaba haciendo, pero totalmente a las espaldas del pueblo y de la prensa. A diferencia de lo que se estaba haciendo antes, ahora todo el mundo va a saber lo que esté ocurriendo con esas transacciones”, indicó.
Dijo que en los próximos días se reunirá con los líderes sindicales y otros dirigentes de Todo Puerto Rico por Puerto Rico, para explicarles los planes, aunque volvió a reiterar que los despidos de los empleados públicos son “irreversibles”.
La fecha de dicha reunión no ha sido fijada y ayer varios dirigentes sindicales dijeron que no han sido convocados a reunión alguna. El principal portavoz de Todo Puerto Rico por Puerto Rico, el obispo metodista Juan Vera, no estuvo disponible para la prensa ayer.