La historia de los préstamos para el saneamiento del Riachuelo se remonta a mediados de los noventa, cuando el BID otorgó u$s 250 millones, de los cuales finalmente apenas se utilizaron una parte ínfima durante la gestión de María Julia Alsogaray al frente de la Secretaría de Medio Ambiente. El resto se usó para apagar el fuego que desató la crisis de 2001 y el país debió luego devolver el crédito con penalidades.
En el Banco Mundial y el Gobierno confían en que la historia no se repetirá. La primera etapa del nuevo programa contribuirá al mejoramiento de los servicios de desagües cloacales en la cuenca Matanza-Riachuelo, la minimización de las descargas industriales sin tratamiento a los cursos de agua, el mejoramiento del sistema de drenaje urbano, el uso del suelo en la cuenca y el fortalecimiento institucional de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), órgano ejecutor del plan. Las obras beneficiarían en forma directa a 3,5 millones de habitantes.