En medio de la discusión por las tarifas de los servicios públicos y ante la escasa inversión para renovar y ampliar la red y los instrumentos de potabilización que desnudan los concesionarios, el Gobierno provincial ha anunciado su decisión de asumir la inversión imprescindible en la infraestructura de la red.
Se explica que las necesidades de inversión para adecuar el agua escasa a la expansión de la demanda del servicio, no pueden esperar que se resuelvan las discusiones tarifarias o de inversiones con los concesionarios, quienes se excusan en que el Estado no les paga en tiempo los subsidios de las tarifas sociales ni les actualizó la tarifa de acuerdo a los plazos y condiciones convenidas.
Mientras tanto, en todo el mundo se adecuan los sistemas y la infraestructura del agua -las del uso urbano y las de riego- y se compatibilizan costos, tarifas e inversión, con usuarios y regantes. Como es ya evidente, la disponibilidad del agua dulce anima los conflictos más graves en el mundo
Pero aquí en Mendoza, no sólo no se actualizan las estructuras del agua con la celeridad con que crecen sus ciudades. El consumo responsable del agua es también una materia pendiente, no forma parte de nuestra cultura, pese a ser habitantes del desierto.
De hecho, todavía regamos el 85 ó 90 % de nuestras fincas como los Huarpes (a manto, por inundación, como hace 400 años). El riego por goteo o aspersión o métodos modernos no llega al 10%. Pese a la inversión de los últimos años, el 60 o 70% del agua del río de “pierde” en los viejos cauces de arena. Sólo unas 15.000 o 18.000 hectáreas se riegan con métodos modernos de ahorro y precisión.
Aquí, el agua potable se consume con derroche (los especialistas sostienen que usamos más del doble de lo que la OMS estima racional en cada hogar del Gran Mendoza).
El 95% de los usuarios paga en función de la superficie de su propiedad. No se cuida el consumo y en la mayoría de los casos se derrocha. En los ‘80, se intentó imponer progresivamente el medidor en cada casa, pero el sueño se disipó pronto y ya se abandonó.
Nadie pone el pecho a decisiones políticamente impopulares. Sólo el 5 ó 6% de los usuarios del Gran Mendoza paga por medidor. Hoy una factura tipo de agua potable y servicio de cloacas, se mueve entre los 30 y 60 pesos bimestrales (un servicio de telefonía, cable e Internet anda por los 200 y 350 pesos bimestrales).
Obras Sanitarias Mendoza, el principal concesionario del servicio de agua potable, se provee del río Mendoza, sus afluentes y arroyos y abastece el 65 ó 70% de la población del Gran Mendoza. Maipú y Luján -que también se nutren del río Mendoza- tienen sistemas propios y hay otros 140 operadores vecinales.
En torno a las márgenes del río Mendoza se genera el 75 u 80% del PGB provincial y más de un millón de personas del Gran Mendoza (1.100.000 usuarios) se abastecen en realidad de sus aguas, que bajan de las entrañas de la montaña. En 1970 eran 572.000 (se duplicó la demanda).
El problema es que el caudal del río (que nutre los establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza y el sistema de riego) viene en franca decadencia, como los glaciares que lo nutren. Las nevadas que lo abastecen son irregulares, pero evidencian una tendencia decreciente. Al menos podría asegurarse que la disponibilidad de agua, para estos fines, es inversa al crecimiento demográfico y la expansión de los centros urbanos.
Analistas del EPAS, de OSM, de Irrigación y desde los organismos municipales de potabilización, promueven una conducta de racionalización en el consumo de agua potable y en la modernización del riego agrícola, con el propósito de un uso racional, de ahorro previsor. Es una lucha de largo aliento en tanto es cultural y, por ahora, con resultados muchas veces decepcionantes.
El EPAS, ente regulador de los servicios de agua y cloacas, funcionarios y técnicos del Ianigla -que estudian los glaciares en alta montaña- del Cricyt, del INA -el Instituto Nacional de Investigaciones del Agua- de la Dirección de Minería, del Departamento General de Irrigación y de la Agencia de Cambio Climático de la provincia, prometen integrar un sistema de relevamiento permanente de las fuentes de agua, que abastecen los establecimientos de potabilización.
Los científicos de la Agencia han adelantado que habrá menos nevadas, glaciares en retroceso y más lluvias aguas abajo. O sea, cambios en la cantidad y calidad del agua.
Es decir: se agravará la escasez, en un panorama de alto costo de producción y distribución. El mundo ya riega en el agro con goteo o aspersión y, en casa, con discreción de medidor. En todos los confines promueven la racionalidad cobrando costos reales, midiendo el consumo, premiando el uso racional, aplicando tarifas escalonadas y con criterio social (el sistema subsidia al que menos tiene).
Han decidido cuidar el tesoro del agua y empujar la racionalidad y la solidaridad social. Esto es una obligación vital del Estado -que tendrá que replantear las reglas de juego con sus concesionarios de servicios- regantes y consumidores.