La Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura criticó ayer con dureza la decisión adoptada por las máximas autoridades pesqueras nacionales de avanzar sobre la definitiva implementación del Régimen de administración de capturas denominado de Cuotas Individuales y Transferibles.
"Mientras estas autoridades promueven la necesidad de recuperar el manejo estatal en algunas áreas específicas, tal el caso del Correo Argentino, la empresa de Aguas y Saneamiento, Aerolíneas Argentinas y las AFJP; ante el tema pesquero puntualmente parecen haber cambiado ese criterio y consideran legítimo que los recursos pesqueros sean entregados en propiedad a algunos operadores privados, pudiendo inclusive ser considerados como un activo de esas empresas. En definitiva se promueve la privatización del Mar Argentino", dijo la cámara en un comunicado donde alertan la gravedad de la crisis por la que atraviesa el sector.
Los armadores de buques pesqueros de altura también le pidieron al Gobierno que respete la ley vigente. " La principal especie en cuanto a volúmenes de captura y a la cantidad de operadores involucrados en su explotación resulta la merluza común. Esta especie se encuentra declarada en Emergencia desde el año 1999. Esta declaración prohíbe expresamente el alcance de lo establecido en la Ley 24922, particularmente lo previsto en el artículo 27º, es decir la cuotificación. En definitiva “no cuotificar la merluza común es cumplir con la ley vigente”. Salvo que las autoridades pesqueras entiendan que una especie cuya captura máxima permisible debió ser reducida a la mitad, debido a decisiones políticas erróneas adoptadas durante los últimos cinco años, ya no esté en emergencia", argumentaron.
En otro tramo del comunicado las cámaras aseguraron que "deberá definirse claramente cuáles son los barcos que están en condiciones de acceder a una cuota de captura". Y pidieron que los permisos de pesca obtenidos irregularmente, no participen de la asignación. Además advirtieron: "Que no sean cuotificadas todas las especies dará como resultado la coexistencia de regímenes diferentes para todos o algunos permisos de pesca. Una verdadera situación irregular. Resulta necesaria la búsqueda de consensos, criterio sostenido por la propia autoridad pesquera de la Nación".
Los empresarios de este sector también advirtieron en el comunicado que los funcionarios del gobierno no tuvieron en cuenta las consecuencias sociales que se producirán.
"El proceso de cuotificación genera, ante la realidad de un recurso escaso para la cantidad de embarcaciones en condiciones de acceder, un proceso de concentración económica. Este resultado de la aplicación de las reglas del mercado, obligará a muchas pequeñas y medianas empresas a “vender” su cuota, la que se concentrará en los grupos empresarios más grandes. Las consecuencias sociales son inevitables", anticiparon.
Por último, la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura critica la pasividad del gobernador Daniel Scioli y del intendente Gustavo Pulti: "Son diversas las decisiones, que apoyadas por el representante bonaerense ante el Consejo Federal Pesquero, Francisco Romano, han perjudicado a la actividad pesquera bonaerense. Las autoridades provinciales y locales, desde la crisis de fines de los ´90, no pueden dejar de defender a la flota fresquera marplatense, hoy nuevamente amenazada".