Contagiada por la ineficacia del Estado para avanzar en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, la Justicia aún no logra castigar a las empresas contaminantes. Falta de coordinación entre las jurisdicciones -los gobiernos Nacional, de la Ciudad y Municipios-, y disparidad de criterios para investigar retardan las denuncias judiciales.
En los últimos dos años, en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales (UFIMA) se iniciaron 237 causas por contaminación del Riachuelo: casi la mitad es contra curtiembres y frigoríficos.
Del total de causas iniciadas en la UFIMA, 67 corresponden a la Ciudad y 170 al ámbito de la provincia de Buenos Aires. Allí, el partido que concentra la mayoría de las actuaciones es Avellaneda (42), seguido de cerca por La Matanza (37), Lanús (33) y Lomas de Zamora (24). Muchas de esas causas se archivan, porque dan lugar únicamente a infracciones administrativas, otras están en estudio y otras se transformaron en 36 denuncias penales.
Una de ella es contra la Cooperativa Ocean, que tiene un predio en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Allí se enterraban residuos sólidos de manera irregular. Durante una inspección de la Dirección Nacional de Control Ambiental "se encontró a personal de la cooperativa efectuando una quema a cielo abierto a los efectos de su reducción", según figura en la denuncia efectuada por la UFIMA.
Otra de las causas involucra a Camilo Ferrón S.A., dedicada al refinamiento de grasas. En un allanamiento detectaron que la cámara de inspección de los efluentes líquidos, antes de su vuelco al Riachuelo, estaba a la intemperie y sin tapa protectora. Y que el lugar no contaba con un área para segregar los productos químicos o las sustancias peligrosas. Ese expediente, de 2007, aún sigue en curso.
Las denuncias judiciales ayudan a evitar la contaminación que provocan las empresas. Pero otra buena parte proviene de las viviendas ubicadas en la amplísima zona de la cuenca: se calcula que el 60% no tiene servicio de cloacas y todo lo vertido va a parar al Riachuelo.
La Unidad Fiscal de Delitos Ambientales -depende de la Procuración General de la Nación-, en sus investigaciones chequea si hay indicios de algún delito previsto en la ley 24.051, y se pone en contacto con los jueces y fiscales federales competentes, quienes a su vez, llevan adelante sus propias investigaciones porque tienen jurisdicción, según el tramo. "Es muy difícil tener una estadística general porque no hay un sistema que permita identificar los delitos ambientales cuando se cargan las causas. Todo se hace artesanalmente", advirtió Homero Bibiloni, secretario de Medio Ambiente, al ser consultado por Clarín. "La Corte podría pedirle a las Cámaras Federales que envíen sus datos", arriesgó el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien supervisa el saneamiento.
Mientras tanto, la UFIMA ya puso en marcha un relevamiento de causas ambientales a nivel nacional, que podría ayudar a desentrañar la maraña judicial generada por la contaminación de toda la cuenca. Y realiza un seguimiento de las inspecciones administrativas que lleva a cabo la Autoridad de Cuenca (ACUMAR). "Queremos saber si derivan en alguna denuncia penal", dijeron fuentes del organismo, que comenzó a funcionar en abril de 2007.
La cuenca Matanza-Riachuelo cubre un área de más de 2.000 km2 y atraviesa 14 municipios. En materia judicial intervienen los juzgados federales de la Capital Federal, Lomas de Zamora, Morón y Quilmes. Según confirmaron dos fuentes, ya hubo varios conflictos de competencia, lo que genera un retraso en las causas. "La Corte Suprema aún no dijo quién debe hacerse cargo de las denuncias penales derivadas de la Cuenca", explicó un fiscal. Mientras eso ocurre, la contaminación persiste. Y esta semana se conoció que el Banco Mundial aprobó un crédito de 840 millones de dólares para recuperar los ríos. La organización ambientalista Greenpeace acaba de publicar un informe que expone el panorama actual de las napas de agua en la Cuenca. De acuerdo a ese estudio, que se hizo con muestras tomadas de canillas y bombas utilizadas por los vecinos, el agua no es apta para el consumo humano.

Parar la amenaza
Daniel Fernández Quinti
Estamos en este punto: el primer paso para sanear el Riachuelo es evitar que se siga contaminando. Una parte tiene que ver con las empresas, a las que hay que controlar y sancionar. Otra, hacer cloacas en villas y barrios humildes para que los desperdicios no terminen en el río. Esta etapa será larga, llevará años e implica avanzar con una potencia de obra que por ahora no aparece. Es un trabajo de todos: el Riachuelo no es ni más ni menos que una amenaza ambiental para los habitantes de la Ciudad y el Conurbano.