El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo se ha transformado en una tarea sinuosa, casi como el mismo trayecto de estos ríos que, entre ondulaciones, recodos y arroyos, terminan afectando la vida de unos 10 millones de vecinos. Vecinos que además tienen enormes carencias: el 40% no posee agua potable y el 60%, no accede a redes cloacales.
Las vertientes de la cuenca se internan en 14 municipios provinciales, además de la Ciudad de Buenos Aires, y se estima que unas 15.000 industrias trabajan en ella. Y desde hace décadas, muchas volcaron y continuan volcando residuos en sus aguas.
Pero hace cinco años -en julio de 2004- un grupo de vecinos inició una demanda contra 44 empresas, a las que denunciaron por contaminación. Dos años después el caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se declaró competente e intimó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño para que presentaran un plan de saneamiento integrado. Así nació la ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. De ahí en más se sucedieron una serie de audiencias que terminaron por inquietar a la Corte Suprema. Es que las empresas demandadas y la Nación cruzaron acusaciones que consumieron casi un año de audiencias.
En 2007 la Corte terminó por encargarle a la UBA un informe para saber si eran factibles los planes de saneamiento que proponía la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, luego echada del gobierno después de quedar envuelta en denuncias por la contratacion de amigos y parientes, el uso de jets privados y los cuestionamientos de la Corte Suprema.
Pero el informe fue crítico. Otra vez, la Nación y las empresas denunciadas volvieron a acusarse. Para julio de 2008 la Corte ordenó que se ponga en marcha el saneamiento ambiental de la cuenca, estableció una serie de multas e impuso plazos para la ejecución. Y también designó al juez Luis Armella, del juzgado Federal de Quilmes, como la única autoridad al que pueden acudir cualquiera de las partes. Y a su vez determinaron que la misma Corte, y no una Cámara, sea el único tribunal que revisará lo decidido por Armella.
El actual secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, le aseguró a Clarín que se cumplirán los plazos. Sin embargo, en marzo, las ONG involucradas en el monitoreo del saneamiento de la cuenca denunciaron el incumplimiento del plan. "No se conocen cronogramas ni el financiamiento para las obras. No hay más que trabajos cosméticos y burocracia", aseguraron.