Finalmente, con el vértigo que acostumbran nuestras cámaras legislativas cuando se debaten proyectos álgidos, es ley la constitución de COSAYSA S.A., la empresa que tendrá a su cargo la administración del servicio de agua potable y desagües cloacales en Salta. Es amplio el marco de incertidumbre que se abre a partir de la ratificación de lo resuelto por Urtubey y escasa la confianza que despiertan los pasos que se avecinan.
Legislatura de Salta
Luego de meses de negociaciones no podía el gobernador decidir lo que correspondía a diputados y senadores invocando necesidad y urgencia. Nadie imagina que los entendimientos que inició Rodríguez Tuñón en enero de 2008, y luego continuara el Ente Regulador, hubieran estallado al punto tal de hacer peligrar la provisión del líquido elemento.
Por el contrario, revelan la existencia de conversaciones con trato diferencial de las que, curiosamente, no participaron los ministros ni secretarios del área competente en quienes no confía el gobernador. Si algo caracteriza a esta gestión es que los convenios que involucran cifras millonarias son monopolizados por Facundo Urtubey y Fernando Yarade, previa consulta con Jorge Brito, titular del Banco Macro S.A.
Nunca hubo motivos para adoptar criterios tan bruscos, máxime cuando Aguas de Salta S.A. no abandonó el servicio hasta que se publicó el decreto de resolución de su contrato. No obstante, escasa fue la polémica sobre un aspecto tan vital para las formas de gestar decisiones del Estado.
Esta alteración institucional se manifiesta como una minucia comparada con el bochorno ocurrido en la Cámara Alta la noche del jueves. El oficialismo tuvo que aplicar su mayoría automática en el medio de una secuencia en la que no se admitió la lectura de un proyecto alternativo de la senadora cafayateña Claudia Silvina Vargas y hasta se sospecha que se inventó un dictamen favorable de la Comisión de Obras Públicas.
El metanense Raúl García denunció que cuando concurrió por la mañana a la sede de la comisión no había nadie a las once, hora prevista para la reunión. Los oficialistas minimizaron el hecho y le contestaron que se reunieron en el despacho del secretario legislativo y que allí firmaron el instrumento que luego se leyó en el recinto. El procedimiento, aún cuando pudiera creerse la versión, es irregular y desfachatado. Por lo visto, algunos se han cebado en prácticas que atentan contra la seguridad jurídica de las sesiones legislativas.
La promesa electoral de que no asistiríamos a episodios sombríos, como los que en noviembre de 2007 aprobaron los pliegos de algunos de los ministros de la Corte de Justicia, se ha incumplido. Está claro que la obsecuencia senatorial puede tener prolongación de un mandato a otro y que ello se debe a que los actores son los mismos –aunque ahora se dicen urtubeystas- y repiten las lamentables formas de avasallamiento.
Resulta casi irónico que sea un senador sospechado del desvió ilegal de la leche donada para las víctimas de Tartagal, el que luego de varias sesiones oculto aparezca en escena relativizando los hechos y coartando la expresión de sus pares. Para este oranense no es necesario que los ciudadanos conozcan de otras posibilidades y confía en la conveniencia de darle ritmo presuroso a la obediencia. Inversamente lenta es su disposición a aclarar qué pasó con las cajas de leche que hace cuatro meses llegaron a Urundel y luego se sumergieron en un lodazal judicial.
Fernando Yarade faltó a una cita que podía entorpecer su magra campaña. El cinismo de sus consejeros interpretó que un voto afirmativo en esta cuestión polémica podía afectar las encuestas que el presupuesto estatal ya inclina groseramente. No ventilan que este senador fue objeto de consultas y participó de negociaciones que podrían dirigir el paquete accionario de COSAYSA S.A. hacia grupos empresariales compatibles con los intereses del gobierno.
El “Acuerdo Cívico y Social” ha planteado en los dos recintos la necesidad de que se conforme un ente transitorio que realice un inventario de los bienes que devuelve Aguas de Salta S.A. y preserve la estructura hasta que se defina el conflicto. También sostuvo que las personas vinculadas a la prestataria saliente no deben integrar el nuevo organismo del agua. Entienden que, ante el fracaso de la concesión a una empresa privada no debemos insistir con el modelo contractual y es el Estado el que debe administrar.
Para los justicialistas disidentes y renovadores incongruentes había que votar un proyecto complementario que impusiera la aprobación legislativa en los casos en que las empresas con participación estatal vendan o cedan la mayoría de las acciones. No se animaron a contradecir al gobernador de manera directa, pero mostraron matices con los que pretenden diferenciarse en medio de una campaña confusa.
Haciendo caso omiso, Urtubey ordenó a los legisladores adictos que aprobaran el DNU tal como fue enviado al parlamento y ellos obedecieron. El otrora republicano reclama sumisión y consiente que el número se imponga sin debate en la casa de las leyes. Con idéntico desprecio por la coherencia se proclamó prescindente de la elección nacional para luego colgarse el ancla de Yarade. Ya no atiende sugerencias y conspira, en este caso, contra el mejoramiento del servicio de agua.
La especulación parte del trato privilegiado al que fue sometida Aguas de Salta S.A. por la UNIREN y el ENRESP; en la inclusión de un estrecho colaborador de la ex prestataria en el directorio de COSAYSA S.A. y en el descarte de una sociedad estatal para que asumiera la responsabilidad por el servicio.
Esto habilita a sospechar que se pactó el retiro de la empresa y que se maquilló el acuerdo de decisión unilateral enérgica. Son demasiados los millones que debía invertir una empresa que padece el vaciamiento desde su creación. Los aparentes apuros en la resolución del contrato también han dejado la puerta abierta para un juicio millonario cuya inminencia ha anunciado el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos Armando Isasmendi (h).
Advertimos que sistemáticamente se aplica la ingeniería aviesa que concluye en pérdidas millonarias para el Estado. En cada controversia en la que se jugaron millones el Gobierno Provincial terminó pagando o, en el mejor de los casos, dejó de cobrar lo que le debían. A pocos escapa que son más de 30 millones los adeudados por la ex concesionaria por la falta de inversiones comprometidas en el contrato originario y que tiene créditos contra los usuarios por más de 70 millones que serán cobrados judicialmente.
El peligro consiste, entonces, en la posibilidad de que el control de la empresa lo tengan nuevamente empresarios inescrupulosos vinculados a Julio De Vido y Juan Carlos Relats. El riesgo adicional lo aportan los funcionarios del gobierno, entre los que se incluye un ultracatólico pariente del mandatario proclive a navegar en las contrataciones públicas pidiendo el diezmo. La amenaza más grande la configura esta legislatura que sigue devaluada por obediente.