El otorgamiento de un nuevo crédito para sanear el Riachuelo vuelve a despertar suspicacias respecto del destino de los US$ 840 millones que el Banco Mundial prestará a la Argentina.
Aunque en la Secretaría de Ambiente de la Nación aseguran que habrá "estrictos controles" por parte del organismo multilateral de crédito, varios actores dudan del uso eficiente de esos fondos.
Y no es para menos, si se toma como ejemplo el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 250 millones, otorgado al país en 1998, que fue gestionado por la entonces secretaria de Recursos Naturales, María Julia Alsogaray, y aún no fue utilizado en su totalidad. Lo más grave, en realidad, es que más de la mitad fue utilizado para otros fines.
En la cartera ambiental argentina sostienen que en este proceso hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de por medio. El máximo tribunal instó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, compuesta por los Estados nacional, bonaerense y porteño a diseñar y ejecutar un plan de saneamiento del río más contaminado del país.
"El otorgamiento del crédito es importante porque dota de financiamiento para obras de infraestructura necesaria para el Riachuelo. Sin embargo, cabe recordar que hace 10 años se otorgó un crédito similar y fue utilizado para otra cosa. La cuestión central es cómo se llevará adelante este crédito y qué gestión va a hacer el Gobierno. Vamos a controlar la ejecución de las obras", dijo a LA NACION Andrés Napoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que compone el cuerpo civil encargado del contralor del plan.
La Acumar, en la que recaerán las sanciones previstas por la Corte ante los incumplimientos del fallo, fue creada en noviembre de 2006 para reemplazar al Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Matanza-Riachuelo (CEMR), que funcionaba desde 1995. Un informe de la Auditoría General de la Nación indica que durante la existencia del CEMR el avance en el saneamiento de la cuenca fue "nulo".
En primer término, el plan de gestión ambiental no fue un programa de saneamiento, dice el organismo de control, sino que funcionó como un complemento del proyecto que la Nación acordó con Aguas Argentinas, prestadora el servicio de agua corriente, que consistía en la construcción del sistema cloacal en la cuenca.
Y todas las obras vinculadas con el saneamiento, como la extensión de la red de cloacas y el tratamiento de los efluentes, estaban incluidas en el contrato que fue rescindido en septiembre de 2005. La AGN puntualiza que el 55% de quienes viven en zonas aledañas al Riachuelo, unos 2,7 millones de personas, no tienen cloacas.
Según ese informe, del crédito del BID se utilizaron hasta 2006 sólo US$ 7.762.790. Las tres jurisdicciones tendrían acceso a los fondos, pero, pese a que había ingresado como coejecutora en 2000, la provincia de Buenos Aires no llevó adelante ninguna obra con ese dinero y sólo pagó costos financieros hasta 2004. Como consecuencia de la crisis política económica de fines de 2001, este préstamo sufrió un redireccionamiento de fondos el 14 de mayo de 2002 para su utilización directa en planes sociales por un total de US$ 150 millones (US$ 50 millones para el Programa Familias Ingreso para el Desarrollo Humano y US$ 100 millones para un programa de becas).
Según un informe de la Asociación de Personal de Organismo de Control, estos US$ 150 millones fueron desembolsados por el BID en su totalidad hace ya más de tres años. Sin embargo, de los restantes US$ 100 millones asignados al plan de saneamiento del Riachuelo, aun después de 11 años sólo lleva desembolsado efectivamente, para ejecución del programa de saneamiento, poco más de US$ 38 millones (38% del total redireccionado o 15% del monto total original). Y los intereses pagados por el préstamo, acumulados hasta abril de 2009, totalizan un monto de US$ 38,7 millones.
Según el Gobierno, en esta oportunidad, la Acumar tendrá el peso institucional para poder concretar el proyecto y la obligación de cumplir con la Corte.

DESEMBOLSOS
El primer desembolso destinado a sanear el Riachuelo llegó en 1998 y fue otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El monto fue de 250 millones de dólares.
Nunca se llegó a utilizar en su totalidad el dinero acordado. Además, gran parte de la plata, alrededor de la mitad, terminó siendo derivada a otro destino como el Programa Familias y Programa de Becas.
El contrato establecía un plan de obras para construir desagües cloacales a los vecinos de la cuenca del Riachuelo. En un trabajo de la AGN, se puntualiza que el 55% de quienes viven en zonas aledañas al Riachuelo, unos 2,7 millones de personas no tienen cloacas.
De acuerdo con el trabajo que elaboró la AGN, del crédito del BID por 250 millones de dólares, solamente se utilizaron hasta 2006 US$ 7.762.790.
Además del crédito, ahora existe un fallo de la Corte Suprema que insta a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo a diseñar y ejecutar un plan de saneamiento del río más contaminado del país.