El pedido, realizado la semana pasada, se sustenta en la obligatoriedad de que quienes llevan a cabo actividades públicas y privadas que presenten riesgos potenciales de contaminación cuenten con un seguro ambiental. La exigencia, recordó el Procurador General, Pablo López Viñals, está contenida en la normativa ambiental provincial y nacional.
Esta exigencia "para la prevención y reparación del ambiente se ha ido implementando mediante una serie de resoluciones recientemente emanadas de las Secretarias de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Finanzas, por la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Consejo Federal del Medio Ambiente. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación requirió tal seguro a particulares demandados", reseñó la Procuración.
Por eso, en el marco de sus atribuciones constitucionales sobre cuestiones ambientales y de intereses difusos, el Procurador hizo el requerimiento a los ministerios salteños.
En el mismo sentido, la Procuración aclaró que las municipalidades y las dependencias del Estado provincial que son las autoridades competentes para la "fiscalización y control ambiental de actividades que impliquen un riesgo ecológico importante, deben implementar mecanismos administrativos para constatar que los emprendimientos habilitados y en trámite presenten la póliza en los términos exigidos por la normativa". El pedido se produjo luego de que en la Procuración asumieran dos nuevos secretarios relatores.
El abogado Juan Sebastián Lloret, tiene competencia en materia medioambiental, derechos del consumidor e intereses difusos; y la abogada Patricia Josefina Di Paolo, tiene competencia en materia constitucional. Piden informes sobre seguros ambientales