La obra hidroeléctrica más grande de la Argentina luego de Yacyretá, está en camino a licitarse. Se trata de la construcción de la central hidroeléctrica Chihuido I, una obra que demandará una inversión estimada de u$s 1.000 millones y aportará 600 megawatts (Mw) al sistema, cerca de un 3% de la producción nacional de energía.
La semana pasada se presentaron en Neuquén las ofertas técnicas y económicas los consorcios formados por la constructora Benito Roggio e Hijos, Corsan Corviam, Esuco y Supercemento; la cordobesa Electroingeniería -es dueña de parte de Transener y una de las mayores contratistas eléctricas del Estado-, Constructora OAS, Hidrocuyo y CPC; e Impsa, la metalúrgica de la familia Pescarmona; Cartellone y la brasileña Norberto Odebrecht.
Se trata de un proyecto que estuvo en duda hasta último momento, debido a la falta de financiamiento.
En rigor, el proyecto se destrabó cuando Anses, al mando de Amado Boudou, dio el visto bueno para financiar hasta el 70% del proyecto. Elías Sapag -hermano del gobernador de la provincia, Jorge-, confirmó recientemente que el organismo que administra las jubilaciones había aceptado aportar fondos por hasta un 70% de la obra.
La represa cubrirá una superficie de 17.000 hectáreas y demandará 1.500 empleos durante su construcción. La intención original de Neuquén era que compañías privadas tuvieran una mayor participación en el financiamiento de la obra.