Una vigilia los reunió desde el martes por la noche cerca de la iglesia de El Tejar, en el centro de Quito. La mañana de ayer continuaron su protesta con el fin de defender el agua. Más de 1000 representantes de las juntas de Agua del país llegaron hasta el Palacio Presidencial para mostrar su preocupación sobre el futuro del líquido vital.
Su principal preocupación es que la Ley de Aguas que se desarrolla en la Comisión Legislativa y de Fiscalización no garantice la continuidad de sus acciones en la administración del agua en las distintas comunidades.
Rafael Guallichico, coordinador de la Comisión de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Riego del Ecuador (Jaapre), dijo que organizaron la concentración pacífica para demostrar su interés en el tema. “Nosotros gestionamos el agua en nuestras comunidades y no permitiremos que los municipios se metan”.
Los representantes de Azuay, Imbabura, Carchi, Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua... hacían sentir su presencia mientras proclamaban sus consignas.
Allí estaban los integrantes de la junta de Pululahua, ubicada en las afueras de Quito. Uno de sus integrantes habló sobre cómo lograron que las familias del sector cuenten con un servicio potable.
Ricardo Chipantaxi cuenta que desde 1978 se dedicaron a administrar las cuatro vertientes y que ahora cada familia paga USD 1,50 por cada 15m³ que utiliza. “Nosotros damos mantenimiento al sistema y no queremos que nos quiten el manejo del agua”.
Según la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), se calcula que en el país hay 9 952 sistemas que gestionan el agua comunitariamente. De estos, 6 603 son de agua para consumo, 124 de agua potable y 3225 sistemas de riego.
Ayer, los representantes de estas organizaciones llegaron con un pliego de peticiones a Carondelet y a la Asamblea. Allí los recibió el presidente Fernando Cordero y el titular de la mesa de Salud y Ambiente, Jaime Abril (País).
En el salón del ex Senado, Cordero tranquilizó a los visitantes, diciéndoles que la Ley de Aguas será producto de una construcción colectiva, con la participación de la ciudadanía. “Creo que el tema del agua será una razón poderosa para unirnos más”, dijo.
De paso les adelantó que los invitará cuando el proyecto de ley se socialice. “La Comisión visitará las comunidades para conocer la realidad del manejo de las fuentes de agua. Se respetará a los organismos comunitarios”.
Entre sus peticiones está que se garantice el acceso al agua como un derecho, que exista una autoridad única del agua, que los ciudadanos tengan participación directa en el manejo del líquido y que se reconozca el papel de las juntas de agua organizadas.
Por otro lado, el presidente de la Ecuarunari (filial Sierra de la Conaie), Humberto Cholango, señaló que la dirigencia indígena se mantiene alerta por el tema.
“Queremos que la ley mantenga el carácter orgánico y que no se subordine a un código ambiental”. Por ello, advirtió que vigilarán el cuerpo legal y que traerán sus propuestas a la Asamblea.
Asimismo, la Senagua tiene listo el documento, que ya va por su cuarta versión, y que se entregará en la mesa presidida por Abril.
Allí sí se garantiza el papel de las comunidades sobre el recurso. Unos de sus artículos descarta la privatización del líquido. Sin embargo, Guallichico aún desconfía y cree que la seguridad de las comunidades está en peligro.
“Nos uniremos las veces que sean necesarias. Ahora venimos de forma pacífica, pero si las cosas no se dan, no sé qué pasará”.