Un proyecto de ley que será abordado en el segundo semestre obliga al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) a transferir el control de salubridad a la universidad.
Se trata de una modificación a la ley del EPAS presentada por el diputado radical Gastón Contardi que avanza sobre las capacidades del ente, que actualmente sintetiza la provisión del servicio y los controles, una dualidad que derivó en serios cuestionamientos respecto de la objetividad de las evaluaciones.
Según la OMS, los requisitos básicos para garantizar la salubridad del agua apta para el consumo son: un marco para la salubridad que comprenda metas sanitarias establecidas por una autoridad competente en materia de salud,; infraestructuras adecuadas, seguimiento correcto y planificación y gestión eficaces, y un sistema de vigilancia independiente.
Allí es donde cobra importancia la escuela de Saneamiento Ambiental, que se acordó elevar a la categoría de facultad en la última asamblea universitaria. El cambio que propone Contardi a favor de utilizar la capacidad técnica que ofrece la universidad no es el primero que surge en la Legislatura, ya que el año pasado se sancionó una ley que definió a la casa de altos estudios como consultora preferencial de la provincia.