La Justicia intimará al Ministerio de Medio Ambiente y a la Intendencia por la contaminación de los arroyos Pantanoso, Miguelete y Carrasco. Para el fiscal Enrique Viana, ambos tienen responsabilidad por el estado de estos cauces de agua.
El pedido del fiscal señala que a casi nueve años de la entrada en vigencia de la Ley de Protección del Medio Ambiente y a casi cinco años de la aprobación plebiscitaria del 31 de octubre de 2004 -por cerca del 70% de la ciudadanía- de la llamada "reforma del agua", los principales arroyos de la ciudad de Montevideo, Pantanoso, Miguelete y Carrasco, "continúan padeciendo una grave contaminación de sus aguas".
Esta degradación ambiental, "en lugar de revertirse, se ha ido consolidando", dice el documento, pese a algunas acciones que se han realizado desde el Ministerio de Medio Ambiente y la Intendencia sobre estos cauces de agua y sus zonas de influencia.
"No se perciben actividades de ordenamiento territorial, de protección y de reparación material por parte de aquellas autoridades públicas encargadas de la tutela ambiental", anota, sin embargo, Enrique Viana.
La solicitud del fiscal fue aceptada por la jueza Ana María Bello, quien el 10 de junio ordenó el envío de los correspondientes cedulones "con plazo de 20 días y bajo apercibimiento" a ambos organismos.

DEMORADO. Aunque el pedido de Viana fue aprobado por Bello hace 13 días, aún no llegó a la Intendencia y el ministerio por los retrasos que hay en los trámites del Poder Judicial.
El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Néstor Campal, dijo ayer a El País que no conocía la intimación, pero aseguró que "lo que haya que poner en conocimiento de la Justicia, lo vamos a poner".
El jerarca agregó que "no sólo vamos a informar sobre el estado actual de los arroyos, sino también sobre cuál ha sido el proceso evolutivo y las medidas que están planteadas".
También la directora nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres, dijo desconocer el pedido de informes del fiscal, aunque informó que "tenemos varios pedidos de Viana" y que "se le va a dar el correspondiente curso de respuesta".
El fiscal declaró a El País que los juzgados transitan hacia un sistema de notificación electrónica y que están "un poco demorados", por lo que aún no se han recibido los cedulones ni en la Intendencia ni en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Viana admitió que "por lo general, los pedidos de información son contestados", pero que en los casos en los que la documentación no se presenta, se puede hacer una nueva intimación y -llegado el caso-, pasar las actuaciones a la Justicia Penal.
"Cuando se demora un poco, por lo general, a la segunda intimación se contesta. A veces falta un poco de información", indicó Viana.
"Yo no pretendo que el ministerio haga un informe al juzgado, sino que agregue los antecedentes administrativos. Tengo idea de que algo con respecto al arroyo Carrasco se está haciendo. Pero no tengo certeza de que se esté haciendo algo con respecto a los otros dos. Más bien, creo que no se está haciendo nada", puntualizó el representante del ministerio público.

OBLIGACIONES. Viana recuerda, en su pedido de informes, que la Administración Pública está obligada a actuar de oficio frente a estos casos.
Sin embargo, señala que "en una peculiar forma de actuación", el director de la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento del Ministerio (Dinasa), José Luis Genta, expresó recientemente ante el Parlamento que sólo lo hará a instancia o interés de parte. El fiscal recuerda que a partir de la reforma constitucional de 2004, la política nacional de aguas "debe estar basada en el ordenamiento del territorio, la conservación y protección del Medio Ambiente, la restauración de la naturaleza y en una gestión sustentable".
La ley consigna, además, que "es deber fundamental del Estado y de las entidades públicas en general, proteger el ambiente". Y si éste fuera deteriorado, "recuperarlo o exigir que sea recuperado".

DESECHOS. La contaminación de los principales arroyos de la capital tiene distintos orígenes, que van desde los efluentes industriales hasta los vertidos domiciliarios. Uno de los grandes problemas de la actualidad son los residuos informáticos, considerados por la Intendencia como "industriales" y no "desechos sólidos urbanos".
Por lo tanto, no deberían ir al vertedero municipal de Felipe Cardoso, aunque próximamente se va a construir allí una usina especial para contenerlos y procesarlos, con el apoyo de la Cámara de Industrias y de los ministerios de Medio Ambiente e Industria.
Hoy, estos desechos no tienen un sitio de disposición final especializado. La gran mayoría de los componentes informáticos que son arrojados en los contenedores son retirados por hurgadores, y sus restos terminan luego en zonas marginales o periféricas.
"Por lo general, los lixiviados (líquidos contaminantes que se desprenden de la basura) terminan en la cuenca del Pantanoso, del Miguelete o del Carrasco", explicó Campal.
"La destrucción de elementos de computación es muy cara en cualquier parte del mundo. Hay veces que las economías más fuertes, bajo la forma de donaciones, te dan un `regalo` que es como un caballo de Troya. Y por lo general, te están generando un problema", indicó el jerarca municipal. "Este fenómeno se está dando mucho en África y está causando estragos", añadió.
Campal informó que la Intendencia sólo acepta donaciones de equipos usados que sean recertificados (productos que vienen con garantía del fabricante, que los volvió a recibir y a recuperar una vez que ya han sido usados). La recertificación es parte de lo que se conoce como "responsabilidad extendida" de los fabricantes, que se utiliza en empresas de muchos países desarrollados.
Para Campal, es el gobierno nacional el que debe velar porque los desechos industriales reciban el tratamiento adecuado. Y no la Intendencia.
Lo mismo que deberían hacer -sostiene el jerarca municipal- algunas empresas como las que fabrican celulares, para que los viejos equipos (y sobre todo sus baterías) tengan una adecuada disposición final.
"Es clarísimo que la responsabilidad extendida del fabricante juega un papel importante en esto", destacó.

Algunas intervenciones del fiscal Enrique Viana en nombre del medio ambiente
PLOMO En 2001 el fiscal Viana presentó una demanda para que Ancap dejara de producir nafta con plomo. En primera instancia la Justicia falló a su favor y en segunda, en su contra. Igualmente, en 2003 Ancap ya había dejado de producirla.

BOSQUE Ese año, Viana promovió una acción de medida cautelar para evitar la deforestación de 120 hectáreas de bosque nativo ubicado en Mandiyú, Artigas. Su propietario tenía autorización para talar y construir una represa. También presentó recursos ante los Ministerios de Vivienda, de Ganadería y de Transporte.

CIUDAD VIEJA En 2004 el fiscal demandó a la Intendencia de Montevideo por la contaminación ambiental (atmosférica y sonora) que estaban ocasionando los ómnibus que ingresaban a Ciudad Vieja. Pedía que no entraran más al casco antiguo de la ciudad. Un año más tarde presentó un escrito ante un juez pidiendo que se detuvieran las obras para la reestructura del transporte en el barrio, que igual se implementó.

JOSÉ IGNACIO Viana demandó en 2004 a los ministerios de Defensa y Vivienda, y a la Intendencia de Maldonado por dañar el medio ambiente con la ampliación del edificio de Prefectura en el faro de José Ignacio. El año pasado, los vecinos del balneario que reclamaban por la preservación de los 150 metros de faja de playa a la altura del complejo The Setai, solicitaron la intervención del fiscal en el tema.

BOTNIA En 2005, en pleno conflicto por Botnia, Viana presentó una demanda contra el Ministerio de Vivienda por haber autorizado la instalación de la planta de celulosa y pidió que lo prohibiera. Según el escrito, la cartera había incurrido en "la omisión en el cumplimiento de su deber de protección del medio ambiente". Luego, en 2007, el fiscal pidió información al Banco de Seguros, a OSE y a la Dirección de Hidrografía sobre sus diferentes controles sobre Botnia, totalizando 51 preguntas muy detalladas.

COLECTOR El año pasado Viana pidió al Ministerio de Vivienda y a la Intendencia de Montevideo que informen sobre las roturas del colector subacuático de Punta Carretas.

INDUSTRIA Hace 7 años Viana solicitó la clausura de Dirox S.A. por el manejo de sustancias químicas de alta toxicidad y la existencia de un vertedero industrial de facto sobre el acuífero Raigón, entre otros motivos. También demandó al Ministerio de Vivienda por no haber exigido las debidas garantías a la empresa. A fines del año pasado el Tribunal de Apelaciones no hizo lugar a la demanda contra ninguno de los acusados.

Contaminación a la baja, según el último informe de efluentes
El informe anual de la Unidad de Efluentes Industriales de la Intendencia de Montevideo, difundido en marzo de este año, permitió verificar que, pese al crecimiento del parque industrial, la cantidad de contaminantes arrojados a cursos de agua y red de saneamiento viene disminuyendo, según mediciones que se vienen haciendo desde 1997.
De acuerdo al informe, la meta fijada por el Plan de Reducción de Contaminación de Origen Industrial era de 82 kilos por día. En noviembre de 2008, se llegó al récord de 11,5 kilos por día.
Hay en Montevideo un total de 93 industrias en actividad que son monitoreadas. Y el documento precisa que "más del 82% de la contaminación de origen industrial, proviene actualmente de 24 establecimientos en actividad". Los sectores involucrados son lavaderos de lana, curtiembres, productores cárnicos, lácteos, pesqueras y químicas.
Aunque la Intendencia habla de una mejora en estos cauces, lejos están de ser lo que fueron en el pasado.
En su primera administración municipal, Mariano Arana pronosticó que "cisnes de cuello negro" nadarían en el Miguelete antes de diez años. Hoy la realidad no es muy distinta a la de entonces: hay contaminación industrial y coliformes fecales. Igual que en el Pantanoso y que en el Carrasco.