Días atrás el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, expuso, entre otras, la idea de volver a la privatización del agua. Veamos cómo esta idea arrogante ha fracasado. La privatización del agua ha sido totalmente impugnada desde el campo del derecho, de la economía, el ambientalismo y la salud.
Pasamos a enunciar algunos casos paradigmáticos de los desastres que resultaron las privatizaciones de los servicios de agua potable y de cloacas: la privatización en Tucumán con Aguas del Aconquija SA (Compagnie Génerale des Eaux-Vivendi) fue un descalabro total. La privatización se inició el 22 de julio de 1995 y en menos de tres años dicha concesión estaba jaqueada por altos precios, malos servicios y deficiente inversión.
Luego vendría Azurix (grupo Enron) en la provincia de Buenos Aires, donde en marzo de 2002, el Organo Regulador de Aguas Bonaerenses (Orab) ya manifestaba preocupación porque la empresa no realizaba las inversiones que se había comprometido, por lo cual el agua podía escasear.
Efectivamente esta empresa que prestaba servicios de agua potable y cloacas a 71 localidades con 2, 5 millones de usuarios y 660 mil titulares de cuentas, desde el principio presentó problemas. Así, a principios de 1999, apenas asumida la posesión de la otrora Obras Sanitarias de Buenos Aires, Azurix presentaba una deficiente gestión y distribución del agua en dicha provincia. Y planteó aumentos sin haber realizado la totalidad de las inversiones comprometidas.
Continuando la saga de desaciertos de parte del Estado privatista de los años 90, tenemos Aguas Argentinas SA (grupo Suez). El servicio abarcaba Capital Federal y los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, San Fernando, San Isidro, San Martín, 3 de Febrero, Tigre y Vicente López. Es decir, abarcaba la competencia de la otrora Obras Sanitarias de la Nación. La empresa se hizo cargo en mayo de 1993 pero, ante el mal servicio e incumplimientos de obras de esta empresa, el Estado nacional rescindió el contrato por exclusiva responsabilidad de Aguas Argentinas en marzo de 2006. Y surgió la empresa pública Agua y Saneamiento Argentino (Aysa).
En la provincia de Santa Fe, en 1995, se privatizó la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos), ganando la licitación la empresa Aguas Provinciales de Santa Fe SA (grupo Suez). El Estado provincial ante los incumplimientos de la empresa y mal servicio debió rescindir el contrato, haciéndose cargo a principios del 2006 la empresa de interés público y estatal Aguas Santafesinas SA (Assa).
Este decurso de empresas privadas, llámense Aguas Argentinas, Azurix, Aguas del Aconquija y Aguas Provinciales de Santa Fe, presentaron en su momento constantes que las caracterizaron: 1º) ganaron las licitaciones con tarifas bajas, para luego y no obstante los contratos, presionar para aumentarlas sustancialmente (en algunos casos dichos aumentos treparon entre el 40 y 90 por ciento. 2º) Con dichos aumentos licuaban la baja tarifa ofertada oportunamente. 3º) A pesar de que no tenían que abonar canon, a cambio de realizar obras de extensión de redes y plantas de tratamiento, no cumplieron integralmente con estas obligaciones. 4º) Agresiva e ilegítima política de cobranzas, con lo cual se garantizaba los ingresos prestando un mal servicio y 5º) violación constante al derecho humano universal al acceso al agua (1).
Es decir que estas empresas privadas que dieron servicios a diecinueve millones de habitantes aproximadamente, buscaron realizar un negocio financiero mientras existía la convertibilidad. Pero jamás tuvieron un compromiso de servicio público y de respeto al derecho humano del agua.
El agua es un bien común y debe estar en manos de la gestión pública y comunitaria. El mercado ha sido incapaz e ineficiente para dar respuesta a este derecho humano universal. La mayor eficiencia que han demostrado estas empresas privatizadoras del agua es la de hacernos partícipes de sus pérdidas y aplicarnos la ajenidad de sus ganancias. Ya Jorge Newbery nos advertía sobre la libertad de mercado, respecto a las empresas privadas que pretenden gestionar cuestiones que deben estar siempre en manos públicas, cuando nos decía: "…la libertad convertida en un arma de lucro que la especulación privada esgrime hábilmente, causando incalculables perjuicios en la marcha regular de las poblaciones...". El señor Macri tendría que recordar lo malo de nuestra historia social y económica para que no haya repeticiones, y lo bueno de que el agua pertenezca al bien común.

(1) "Derecho, ciudadanía y Estado. El control ciudadano y la privatización del agua", AIF. Págs. 41, 42, 43, 201, 202 y 203. Ed. UNR. Colección Académica 2007.

(*) Director y profesor de la Cátedra Libre del Agua de la UNR