La política agropecuaria del gobierno nacional no sólo ha empobrecido el escenario inmediato de la economía. Además -y esto es mucho más grave- afecta seriamente la sustentabilidad de los suelos, el elemento decisivo de la riqueza regional y en especial de la provincia de Santa Fe.
Agravada por los efectos de la sequía, la realidad del campo hoy muestra resultados que contradicen las promesas del discurso oficial. La producción de soja se concentra; se empobrecen la productividad y las áreas dedicadas al trigo o el maíz; los tambos trabajan a pérdida; los ganaderos no sostienen sus planteles y toda la cadena agroindustrial y de servicios está paralizada.
La tendencia a la recuperación de los precios internacionales tampoco puede ser aprovechada por la falta de productividad y por una empecinada máquina burocrática para impedir. El gobierno central no recauda lo que esperaba en nombre de una rentabilidad extraordinaria inexistente; pero mantiene una presión fiscal que ahoga la producción y empobrece a la provincia.
Si la Casa Rosada ha cumplido con su promesa redistributiva, no fue en esta región. Santa Fe asiste a su empobrecimiento sin que sus instituciones propias ni sus representantes en la escena federal, puedan practicar más que un ejercicio de expresión testimonial, despojado del propio derecho.
No alcanza con la voluntad histórica de los agricultores santafesinos; tampoco con el magnífico riesgo y el esfuerzo que realizaron para modernizar la producción. Fueron ellos quienes motorizaron buena parte de la recuperación nacional tras la crisis de 2001, y justificaron con legalidad y legitimidad la renta ganada.
Sin embargo, el agobio es tan grande que todos esos argumentos inhiben hoy las prácticas agrícolas más elementales, que deberían preservar un bien imprescindible: el suelo. Los especialistas han advertido que sin la capacidad de invertir en fertilizantes, las cosechas se empobrecen y el recurso natural se degrada.
La tendencia es histórica y la solución requiere no sólo de fertilizantes, sino de prácticas agrícolas sustentables que aún deben buscar mejores ecuaciones en base al conocimiento y el desarrollo tecnológico. Pero es imprescindible preservar los suelos, porque sin ellos no será viable la Argentina.
Poner en dimensión este problema es entender hasta dónde llega el daño de la política central para el sector. Santa Fe no sólo pierde rentas que por legitimidad le pertenecen; su recurso por excelencia necesita la protección que una ley de suelos no puede prestar por su sola vigencia.
Hay que añadir razonabilidad política e inteligencia económica a la tradición productiva santafesina. El recurso natural es un reducto que nadie puede dejar de defender; no hay excusa partidaria ni de modelo nacional en discusión, que pueda postergar esta premisa.
Ignorar el problema es condenar el futuro a la pobreza. En nombre de la emergencia se suelen excusar quienes eluden lo importante; en nombre del desarrollo -sin el cual no hay inclusión social posible- es impostergable tomar cartas en el asunto.