La vetada ley de protección de glaciares vuelve a la agenda: se está intentando juntar un millón de firmas para exigir al Congreso que vuelva a la carga con esa norma.
La ley aprobada en octubre de 2008 por unanimidad en ambas cámaras establecía la protección de los glaciares y sus zonas aledañas, llamadas periglaciares, y la prohibición de actividades que pudieran afectarlos, como las mineras, petroleras y obras de infraestructura inadecuadas. Determinaba, además, que toda actividad no prohibida que allí se hiciera requería una evaluación de impacto ambiental y se establecían fuertes sanciones en casos de incumplimiento.
La Presidenta vetó la ley sin mayor fundamento mediante un decreto que establecía que si bien el gobierno nacional se encontraba comprometido con la protección del medio ambiente, existía legislación en la materia, como la ley de general del ambiente, que "establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable".
El por lo menos curioso veto agregaba que la ley "podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas, conllevando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas", lo cual "daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente". Se destacaba que "la ley no contempla que las provincias involucradas cuentan con los controles suficientes para evaluar y autorizar las actividades de infraestructura, industriales, mineras, hidrocarburíferas, etc."
Sorpresivamente, después de haberse reunido con el presidente mundial de la empresa minera más grande del mundo, la Barrick Gold Corporation, la Presidenta autorizó el proyecto minero de Pascua Lama, que lleva a cabo esa firma en San Juan y parte de Chile, precisamente en una zona donde hay tres glaciares.
Mencionamos anteriormente en esta columna que, sin desconocer que la minería goza de apoyo oficial debido a las inversiones y los puestos de trabajo que genera, no es un hecho menor que los glaciares cordilleranos significan el 70 por ciento de la reserva hídrica de la Argentina, lo que por lo menos amerita que cualquier actividad que allí se desarrolle requiera un profundo estudio sobre sus verdaderas consecuencias sobre el ambiente.
Por supuesto, no hay que desmerecer la capacidad de las provincias para analizar las actividades que se desarrollan en sus respectivas jurisdicciones. Ocurre que a menudo los efectos de la explotación de los recursos naturales exceden el marco de una provincia y se hace necesario consensuar una mirada estratégica para la Argentina no sólo sobre su uso, sino acerca de su protección actual y futura porque en ellos reside nuestro bienestar y el de las futuras generaciones.
Por esa razón resultó alarmante que una de las preocupaciones expresadas en el veto fuera que la ley disponía que "todas las actividades proyectadas en los glaciares o el ambiente periglacial que no se encontraban expresamente prohibidas estarían sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental". Esto significa que, dada la fragilidad de los recursos protegidos, se exigiría una mayor atención en el momento de aprobar nuevas actividades.
Este tipo de observaciones no hicieron sino despertar más dudas sobre su razonabilidad. Incluso se concluía invitando a los gobernadores, senadores y diputados nacionales de las provincias cordilleranas a constituir un foro interdisciplinario para la discusión de las medidas por adoptar en orden a la protección de los glaciares y del ambiente periglacial (foro que no se constituyó), como si ese foro tuviera un rango de mayor conocimiento o reflexión que pudiera reemplazar una decisión que habían tomado las cámaras de Diputados y Senadores en pleno y por unanimidad.
Hoy, cuando el Parlamento despierta una nueva esperanza contra las decisiones unilaterales, es oportuno resaltar el esfuerzo de la ciudadanía para proteger algo que la sociedad percibe como esencial. En la página www.proteccionglaciares.com.ar se busca la firma de quienes quieran apoyar la necesidad de contar con una ley consensuada democráticamente y con fundamentos para proteger adecuadamente nuestros glaciares.