Tal vez el juez federal de Quilmes, Luis Armella, lea el aviso con el que el gobierno pondera las acciones llevadas a cabo. Tal vez recuerde que hace poco más de un mes exhortó a la autoridad de Cuenca a ordenarse internamente para ejecutar el fallo de la Corte. Entre uno y otro hay un abismo tal que podría plantearse que alguien está faltando a la verdad. El 12 de diciembre de 2006 se publicó la Ley Nacional Nº 26.168, que creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) como ente de derecho público interjurisdiccional dentro de la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAYDS). La Ley Nacional Nº 26.168 establece que ACUMAR ejercerá su competencia en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo, incluyendo los partidos de Lanús; Avellaneda; Lomas de Zamora; Esteban Echeverría; La Matanza; Ezeiza; Cañuelas; Almirante Brown; Morón; Merlo; Marcos Paz; Pte. Perón; San Vicente y Gral. Las Heras y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La cuenca Matanza Riachuelo es un punto de partida en el que diferentes gobiernos han fracasado. El actual no es diferente. El anuncio del día de la fecha enumera una serie de acciones que observadas con detenimiento y partiendo de la idea del exhorto contrasta con los más de 4 mil millones de litros de desechos orgánicos e industriales arrojados diariamente. El aviso estructura varias acciones pero veamos el estado real de alguna de ellas.
Las obras de saneamiento anunciadas en el partido de La Matanza para la construcción de redes colectoras cloacales y colectores secundarios se elevó a Jefatura de Gabinete de Ministros el día 10 de marzo de este año. Según se desprende del informe de Acumar está a la firma. El trámite luego continúa en el Ministerio de Economía de la Nación para culminar el proceso final de pago. De esta manera en el organismo prevén un acto administrativo que se denomina redeterminación. Esto significa que por el tiempo transcurrido entre el contrato y los procedimientos de inicio, resulta necesario implementar un proceso de redeterminación de precios conforme normativa vigente. Este cálculo de oficio genera una controversia respecto de los porcentajes sobre los cuales se aplicaría la redeterminación. Dicho de otra manera es más dinero pero no se sabe cuánto. Debido a la demora el ACUMAR avanzaría en el inicio de las obras, generando una tramitación paralela sobre la discusión técnica y legal sobre las diferencias existentes. Los laboratorios que integran la red que permitirá identificar la posible contaminación por metales e hidrocarburos, esperan el dictamen legal de la SAYDS. Las promocionadas camionetas recién serían entregadas en abril junto a los elementos de laboratorio que son unos 300 envases que si ya están comprados