Hoy, a un año de que la Corte Suprema de Justicia ordenara a los Estados nacional, bonaerense y porteño el saneamiento del Riachuelo, se ven pocos avances tangibles. No se conoce con certeza el número de industrias en la cuenca, no hay aún datos sobre el estado epidemiológico de los más de tres millones de habitantes que viven en contacto directo con la contaminación y se siguen arrojando residuos en basureros clandestinos. De las obras de saneamiento, que ya cuentan con financiamiento internacional, no se tiene ni siquiera un cronograma oficial.
En ese sentido, ayer, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó a la Autoridad de Cuenca (Acumar) que presente en 10 días un cronograma oficial para las obras de saneamiento cloacal, ya que ahora se contará con el financiamiento del Banco Mundial por 840 millones de dólares.
Armella también exigió a las jurisdicciones recuperar el camino de ribera, desde la orilla del río hasta 35 metros de distancia: "Los asentamientos de esa área deben ser relocalizados o erradicados".
Además, el magistrado, que parece ser el actor más activo de todo este proceso, resolvió que el Cuerpo Colegiado ?integrado por el defensor del pueblo de la Nación y varias ONG? y la Acumar mantengan reuniones regulares cada 15 días. El cuerpo integrado por la sociedad civil se mostró activo al inicio, pero, aunque no lo reconozcan públicamente, desde hace unos meses existen diferencias entre los actores involucrados. "El incumplimiento de los plazos estipulados por la Corte fue una constante por parte de la Acumar. Entre los puntos positivos se destacan el crédito otorgado recientemente por el Banco Mundial y la actuación de Armella", opinó Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Según el secretario de Ambiente de la Nación y presidente de la Acumar, Homero Bibiloni, aunque se avanza despacio, "se avanza". El funcionario no precisó fechas de inicio de obras para los colectores cloacales, aunque dijo que se destinarán 4 millones de dólares para el "fortalecimiento institucional" de la autoridad, que contará con tres sedes nuevas. Respecto del cuerpo de inspectores que debe recorrer las industrias, aún está en formación, según admitieron fuentes oficiales; la Corte había dado 30 días para la inspección de las empresas de la cuenca.
Ayer, a pedido del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri fue recibido por Armella. Según se informó, el mandatario le transmitió "el compromiso de la ciudad con el cumplimiento del fallo de la Corte". En realidad, el temor del jefe de gobierno es que, ante el nuevo escenario político, la Nación le niegue a la ciudad el financiamiento para obras que le corresponde.
En tanto, habitantes de la cuenca más contaminada del país esperan una solución a sus problemas.