La Justicia frenó ayer la obra pública más importante que tiene en marcha el Gobierno de Mauricio Macri: la construcción de los túneles aliviadores del arroyo Maldonado, que corre bajo la avenida Juan B. Justo, con los que se busca atenuar las inundaciones que sufre buena parte de la Ciudad cuando llueven muchos milímetros en poco tiempo.
El juez en lo Contencioso Administrativo Juan Vicente Cataldo dictó la medida cautelar, a pedido de dos diputados porteños de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya y Facundo Di Filippo, y el ex legislador Milcíades Peña. El juez ordenó al Gobierno parar la obra por motivos económicos (ya que se habría excedido el presupuesto previsto originalmente) y ambientales (porque podría afectarse el acuífero Puelche, una reserva de agua subterránea que la Ciudad comparte con varias provincias).
Con el proyecto de ampliar la red de subtes archivado, a pesar de la promesa realizada por Macri en la campaña electoral de 2007, la obra del Maldonado es la apuesta más ambiciosa del Gobierno. De hecho, recientemente promocionó la llegada de Canadá de la tunelera, una máquina de 80 metros de largo con una cabeza que excava y a la vez retira la tierra y reviste el túnel con anillos de hormigón.
En la presentación ante la Justicia se había señado que, en 2005. la Legislatura dictó la ley 1.660 que autorizó al Poder Ejecutivo a tomar un préstamo internacional de US$ 130 millones para la obra del Maldonado. Sin embargo, Abrevaya, Di Filippo y Peña señalaron que el Gobierno porteño contrató a la constructora italiana Ghella por un presupuesto que excede en $ 44 millones el monto autorizado. Agregaron que el aumento podría llegar a 90 millones, si se incluyen otros cambios propuestos por la empresa. También apuntaron que Ghella hizo cambios en el proyecto de ingeniería, que preveía la construcción de tres pozos de 31 metros de profundidad en la Costanera Norte. En cambio, se decidió cavar un único pozo de 42 metros, que así podría alcanzar el nivel del acuífero Puelche. El pozo se hizo para que ingrese la tuneladora.
Ayer, los tres demandantes pidieron que se llame a audiencia pública para estudiar las consecuencias ambientales de la obra.
El Procurador General de la Ciudad, Pablo Tonelli, dijo que la decisión judicial será apelada. "El incremento en el presupuesto no es significativo. En todas las obras públicas se gasta más de lo previsto, porque sobre la marcha la realidad impone cambios en los proyectos. En cuanto al tema ambiental, no entendemos de dónde saca el juez que puede ser afectado el Puelche, porque no hay ninguna prueba que sostenga una afirmación así", afirmó a Clarín el jefe de los abogados del Estado porteño.
El juez estableció que "no se ha podido ubicar ningún acto administrativo que autorice la modificación" al proyecto original de la obra. "No desconozco -agregó- que tanto los pliegos del contrato como la Ley de Obra Pública autorizan a realizar modificaciones en los planes de obra. Pero ello no implica que los cambios puedan realizarse de cualquier forma".