La Justicia porteña hizo lugar a una acción de amparo presentada por Milcíades Peña, Sergio Abrevaya y Facundo Di Fillippo (estos dos últimos, legisladores de la Ciudad por la Coalición Cívica) y dictó una medida cautelar para que el Gobierno de Mauricio Macri interrumpa las obras de entubamiento del arroyo Maldonado. El proyecto de infraestructura más ambicioso y costoso del Gobierno de la Ciudad, quedó así interrumpido, si bien ya se anunció que la Procuración porteña apelará hoy la medida.
La acusación de los legisladores se basó sobre los cambios aplicados sobre el proyecto original (según estaba estipulado en el Anexo I de la Ley 1.660), ya que éstas podrían afectar el Acuífero Puelche (la más importante reserva de agua ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, parte del territorio bonaerense, así como las provincias de Córdoba y Santa Fe). Los legisladores denunciaron además que las modificaciones introducidas al proyecto implicaron un fuerte incremento del costo, que no fue consultado a la ciudadanía. Por eso, ayer solicitaron al Gobierno porteño que realizara una audiencia pública para discutir el tema.
Desde el Gobierno porteño, sin embargo, negaron que el nuevo plan tuviera algún tipo de impacto negativo sobre el medio ambiente y enfatizaron que se habían realizado varias audiencias públicas respecto de las obras del Maldonado, adjudicadas por el Decreto N°121/2008 a la empresa Ghella. Señalaron también que, al contrario de lo denunciado, el nuevo proyecto del Maldonado protegía el medio ambiente, porque en lugar de cavar tres pozos (como en el proyecto original), se realizó sólo uno, y que esto también abarató los costos.
En este sentido, destacaron que las obras se están haciendo con un préstamo del Banco Mundial, un organismo que audita todos los proyectos en los que participa, en especial, lo referido a medio ambiente. A pesar de que hoy mismo van a apelar la medida dispuesta por Cataldo, las empresas tampoco están demasiado preocupadas: la medida cautelar impide que excaven, etapa del proceso que ya está prácticamente terminada (el pozo ya es de 35 metros). Además, sigue funcionando la fábrica de dobelas (las tejas con las que se recubre el túnel), que está al lado de la excavación.
Según lo denunciado por los legisladores de la CC, los cambios introducidos incrementaron los costos en más de $ 40 millones. La obra original fue licitada por $ 495.475.720 millones, y el gasto actualmente ascendería a $ 536 millones. El Gobierno porteño sostuvo en su descargo que «la modificación de la obra se encuentra prevista por los Arts. 38, 53 y cc. de la Ley 13.064, que autorizan una variación no mayor del 20% respecto del proyecto original; que el en caso de autos de modificación es inferior a ese porcentaje», así como remarcó que «las obras se llevarán a cabo exclusivamente dentro de la jurisdicción de la Ciudad, y no existe ninguna prueba alguna de que produzcan significativo impacto sobre las demás jurisdicciones, las que, por lo demás, no han efectuado cuestionamiento alguno pese a la difusión pública que ha tenido el proyecto».
En su dictamen, el juez Cataldo consideró, sin embargo, que los argumentos presentados por la Ciudad para demostrar que los cambios no afectan el Acuífero no eran suficientes, señalando que «el punto es central en la controversia y no aparece claramente despejado, y esta claridad se torna imperativa teniendo en cuenta las eventuales consecuencias negativas que podrían producirse si efectivamente hubiera afectación. Al respecto, también genera dudas el trámite que recibió el nuevo estudio de impacto ambiental». El magistrado también resalta que «algunas consideraciones parten más de la ausencia de documentos que de su existencia. Así, no se ha podido ubicar ningún acto administrativo que autorice esa modificación».
Por otro lado, legisladores de la oposición, como Aníbal Ibarra cuestionaron el millonario proyecto y denunciaron supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras, al relacionar a la empresa que ganó la licitación (Ghella) al grupo familiar de Macri (Iecsa), acusaciones que no fueron señaladas en la denuncia de los legisladores de la CC.