El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1 de la ciudad de Buenos Aires, Vicente Cataldo, ordenó la suspensión de las obras para la construcción de túneles aliviadores del entubamiento del arroyo Maldonado.
De esta manera, hizo lugar a un amparo presentado el día 6 de mayo por el ex diputado peronista Milcíades Peña y los diputados de la Ciudad, Facundo Di Filippo y Sergio Abrevaya, todos pertenecientes a la Coalición Cívica.
El magistrado consideró que los informes técnicos presentados sobre la contaminación del Puelche, como también las modificaciones de la obra y el incremento del precio original eran razones suficientes para tomar esta medida.
Precisamente, en la zona de su desembocadura, en la Costanera Norte, se hizo un gran pozo donde comenzaría a trabajar la enorme tuneladora traída desde Italia para construir los canales aliviadores.
Según informó Peña en diálogo con adnciudad.com “el tema más elemental tiene que ver con lo procedimental, ya que Macri autorizó la modificación de la obra, siendo que esta había sido aprobada, aún en su parte técnica, por una Ley de la Legislatura, razón por la cual sólo ésta podría cambiarla”.
A lo que añadió: “Más allá de esto, lo de mayor gravedad tiene dos aspectos: Uno el impacto ambiental que trae aparejada la obra en ejecución y su dudosa efectividad. Otro es el referido a situaciones cuanto menos sospechosas en todo el proceso de licitación y adjudicación de las obras”.
Peña explicó: “La empresa adjudicataria cotizó casi el 50% del precio ofertado por la más cara. Quien ganó fue Ghella, de capitales italianos, que se asoció con I.E.C.S.A. de Argentina, propiedad de Ángelo Calcaterra (primo hermano de Macri). La empresa encargada de confeccionar el estudio de impacto ambiental fue Geodata, también de capitales italianos y, curiosamente, asociada a Ghella en varias obras”.
Y agregó: “Ante un expediente plagado de irregularidades y diferencias de oferta licitatorias verdaderamente sorprendentes, llama la atención que ninguna de las otras dos empresas haya realizado reclamo alguno. O quizás no, ya que una, la brasilera Oderech, es la adjudicataria del soterramiento del FF.CC. Sarmiento, y la otra, la argentina Supercemento, tiene fuertes vinculaciones con Santa Cruz”.
A consecuencia de esta presentación, según trascendió, el Banco Mundial habría removido al funcionario encargado de la relación con el Gobierno de la Ciudad por el crédito y, aparentemente, habrían ordenado una auditoría.
Otra perlita es que el funcionario designado como director de obra, es el ingeniero electricista Eduardo Cohen, quien no sería otro que quien firmó los planos de la instalación electromecánica de Cromañón, citado oportunamente por la Comisión Investigadora sin lograr que asistiera.
Por su parte, Di Filippo advirtió que las modificaciones técnicas pueden causar “un daño ambiental irreversible en una de nuestras mayores reservas de agua, ya que las perforaciones proyectadas originalmente a 31 metros fueron llevadas a 48 metros y, de esa manera, se contaminará el Puelche”, acuífero que comparten la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y que abastece a millones de sus habitantes.
“Esto demuestra que el Gobierno de Macri no sólo es ineficiente, sino también corrupto”, sostuvo Abrevaya, tras lo cual dijo que el Jefe del Gobierno porteño “debe atenerse a la ley (por la 1.660) y si es necesario modificarla, no puede arrogarse facultades propias del legislativo”.