Hace un año, la Corte Suprema de Justicia mandó recomponer el agua, el aire y los suelos de la cuenca Matanza Riachuelo, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir daños futuros, pero nadie puede decir que se hayan concretado los anuncios que desde 2006 venía haciendo la Secretaría de Ambiente.
El reciente crédito de 840 millones de dólares del Banco Mundial para sanear la cuenca tuvo amplia publicidad: es un aporte significativo que prevé un segundo tramo por 1160 millones en 2013. Los desembolsos del Banco en 2010 y 2011 serán de 50 millones por año; y aumentarán a partir del 2012, con otro gobierno. El BM financiará 694 millones de los desagües cloacales en ambas márgenes. Es el 53 % del total estimado y la diferencia de 615 millones debe aportarla la Argentina.
Una demora interrumpiría los desembolsos del BM que cita el eventual incumplimiento de esta obligación argentina como un riesgo del proyecto.
Desde el punto de vista ambiental inquieta que la idea central sea pasar descargas cloacales crudas de la cuenca Matanza Riachuelo al Río de la Plata. Para ello AySA construirá dos grandes colectores, uno en cada margen, que derivarán los líquidos a plantas en Avellaneda y Berazategui.
Las plantas sólo retendrán objetos sólidos, arenas y aceites. Todo lo demás se irá al Río de la Plata sin otro tratamiento. La disposición final de cloacas cerca de las tomas de agua ha sido cuestionada.
El BM reconoce esa objeción y prevé monitorear el impacto para determinar si debe agregarse otro tratamiento antes de la descarga. Sin embargo, este criterio no se compadece con el principio de precaución contenido en la ley general del ambiente y en las políticas operativas del BM. Lo estudios indican que las plantas retendrán diariamente entre 456 y 676 metros cúbicos de residuos sólidos que se llevarán al sector norte de los rellenos sanitarios de CEAMSE. Entre 23 y 34 camiones de 20 toneladas deberán cruzar o circunvalar la ciudad cada día con esa carga.
El BM también incluye 60 millones de dólares para la reconversión de industrias contaminantes y el gobierno deberá añadir otros 15 millones. Aunque sólo se consideran las pymes, los recursos parecen exiguos.
Otro componente del crédito, cercano a los 20 millones de dólares, está destinado al fortalecimiento de la Autoridad de la Cuenca (ACUMAR) que, según ha informado, hoy sólo tiene 38 funcionarios para inspeccionar las más de 4.000 industrias que identificó.
El crédito se completa con 65 millones para mejorar las políticas de ordenamiento territorial mediante capacitación técnica y ejecución de proyectos piloto, la Argentina contribuirá con 15 millones. En rigor lo que ocurre hoy en el Riachuelo es por falta de ordenamiento territorial, pero esto requeriría información y análisis técnico que no hay, voluntad política que no se advierte y recursos que podrían exceder en mucho las cantidades indicadas. w

Fuente: PRESIDENTE DE LA ACADEMIA ARGENTINA DE CIENCIAS DEL AMBIENTE