Greenpeace no quiso pasar por alto el incumplimiento del Estado Nacional a sanear el Riachuelo a un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia y lo denunció sin distinción de cargos o partidos. Inocultable, activistas de la organización desplegaron un papel higiénico gigante bajo el puente de La Boca con la leyenda “CFK-SCIOLI-MACRI: un papelón” y responsabilizaron así a las tres jurisdicciones que intervienen en la cuenca, una "cloaca a cielo abierto", según la describen.
Otro blanco en la denuncia es la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) encargada de llevar adelante un programa de políticas públicas de cumplimiento obligatorio y con plazos determinados. Greenpeace asegura que fueron muy pocos los avances y que la ACUMAR no sólo no logró cumplir con el mandato de la sentencia sino que tampoco los cumplirá a futuro, de acuerdo al rumbo que pretende tomar.
No obstante, la organización ambientalista rescató el desempeño del juez federal de Quilmes, Luis Armella quien a través de varias intimaciones consiguió “fortalecer el carácter institucional del ACUMAR”, con el fin de garantizar su funcionamiento autónomo.
Greenpeace denunció que la ACUMAR pretende impulsar una serie de medidas que irían en contra de los objetivos ambientales dispuestos por la sentencia, como los reglamentos de Agente Contaminante y de Usos de Agua, que definen los parámetros de control para la contaminación industrial y la calidad del agua, que precisarán las condiciones ambientales futuras del Matanza Riachuelo.
La ACUMAR establece parámetros para la calidad del agua que solo contemplan aspectos paisajísticos para que se vea y huela bien, sin establecer restricciones para las sustancias peligrosas como el cromo hexavalente, el plomo, el cadmio, el mercurio y el arsénico y dejando sin ningún tipo de mención a compuestos como el cobre y el zinc.
En este sentido, el director Ejecutivo de Greenpeace, Martín Prieto, afirmó que “a la fecha no se han terminado de inspeccionar las 4103 industrias relevadas, ni se ha establecido un serio plan para hacerlo, es más, todavía no se han declarado cuáles son las industrias más contaminantes de la cuenca”.
Greenpeace cuestionó además el reciente crédito otorgado por el Banco Mundial para el saneamiento de la cuenca, que si bien se trata de un aporte muy significativo para el desarrollo de obras cloacales, "no contempla una serie de aspectos de la emergencia ambiental de la zona, como el suministro de agua potable, el manejo de los residuos sólidos urbanos que se descargan en el lugar, ni tampoco la salud pública", señalan.