A un año exacto del fallo de la Corte Suprema que ordenó el saneamiento de la cuenca del Riachuelo, todavía no fueron identificadas, como estableció la Justicia, las 4.103 industrias que lo transformaron en el pasivo ambiental más grande del país: un foco infeccioso que afecta diariamente la vida de tres millones de personas.
Gran parte de las organizaciones ambientales dedicadas a monitorear el tema coincidió en que casi todos los plazos estipulados acumulan dos y tres meses de retraso. Pero en el contexto del aniversario del fallo, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, destacó los avances logrados. Según un informe de doce páginas que fue difundido por el Centro de Información Judicial de la Suprema Corte, ya están comprometidas o en ejecución obras por un total de 1.290 millones de dólares.
El magistrado, que tiene delegada la supervisión y el cumplimiento de la orden de sanear la cuenca, destacó que “el Estado nacional ha realizado un programa de ayuda social, que se llevará adelante en el ámbito de la cuenca, por 450 millones de dólares”.
Sin embargo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que integra el consejo consultivo que controla la aplicación de la sentencia, recordó que: “Hace ya más de una década, nuestro país contrató un préstamo con el BID por 250 millones de dólares, también destinado al Riachuelo. Pero terminó utilizándolo en actividades que en poco o nada incidieron en el saneamiento y que en su mayor parte fue subejecutado, empleando casi la mitad de su monto para solventar planes sociales desde 2002”.
Para Greenpeace, “son muy pocos los avances realizados en la implementación del programa ordenado en la sentencia”. La ONG internacional denunció que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) “no sólo no ha logrado cumplir con el mandato de la sentencia sino que tampoco lo cumplirá a futuro”.
La FARN recordó que se han vencido casi todos los plazos previstos por la Corte. “No se ha inspeccionado la totalidad de las 4.103 industrias y no hay plan para hacerlo en un tiempo determinado”. Respecto de los basurales a cielo abierto: “No se implementaron los programas destinados a prevenir la formación de nuevos reservorios. La Acumar “presentó un relevamiento y un programa de trabajo que prevé acciones hasta 2015, una fecha contradictoria con los tiempos de la Corte”.
Si bien la autoridad de la cuenca produjo un mapa sociodemográfico y una encuesta de factores ambientales de riesgos, para el cuerpo colegiado compuesto por diez organismos “los resultados no son concluyentes, porque aún no se ha elaborado un diagnóstico que permita discriminar patologías”.
Desde la vigencia del fallo, Armella mantiene reuniones periódicas con los representantes de la Ciudad, de la Provincia y de la Secretaría de Ambiente de la Nación. En ellas, según revelaron algunos funcionarios que asistieron, el magistrado reta a todos los involucrados por las demoras que no cesan.