Una de las tantas muestras de ineficiencia con que, lamentablemente, nos encontramos a diario en la vida argentina es el saneamiento del Riachuelo, acerca del cual se han elaborado innumerables proyectos (algunos de los cuales terminaron en estridentes frustraciones) que, en definitiva, nada han aportado, hasta hoy, para superar un serio problema ambiental que afecta tanto a sectores de la ciudad de Buenos Aires como a distritos lindantes del Conurbano.
Aquello de los mil días para sanear el Riachuelo terminó convirtiéndose en una bofetada a la ilusión. En estos momentos, todo transcurre en medio de la indiferencia y la inacción. A tal punto que la justicia federal de Quilmes acaba de ordenar a la Autoridad de Cuenca que presente, en un plazo perentorio de diez días, un cronograma para las obras de saneamiento cloacal, pues se cuenta con una financiación del Banco Mundial por 840 millones de dólares.
Cabe acotar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un año atrás, ordenó al Estado nacional, al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al de la Capital Federal que se pusieran en marcha el esperado saneamiento del Riachuelo. La respuesta fue el silencio. En definitiva, las autoridades no pueden asegurar cuál es la cantidad de industrias asentadas en la cuenca y hasta dónde llega la amenaza a la salud de los tres millones de habitantes que viven en una zona de elevada contaminación ambiental.
El doctor Luis Armella, titular del juzgado federal quilmeño, quien ha tomado el asunto con todo el interés que merece, también ordenó a las autoridades responsables recuperar el llamado Camino de la Ribera, desde la orilla del río hasta 35 metros de distancia. De tal manera, los asentamientos allí ubicados deberán ser trasladados a otro lugar.
Claro que cuestiones políticas podrían interferir en el cumplimiento del plan de obras sobre el Riachuelo. Las diferencias entre el gobierno nacional y el de la Capital Federal plantean dudas acerca del efectivo compromiso que involucre a las partes en pos de cumplir la orden de la Corte Suprema.
La situación del Riachuelo (aunque con distinta magnitud) se plantea en otros cursos de agua de la Argentina, también amenazados por diversos factores. En más de un caso, se ha comprobado que no existe respeto por elementales razones de preservación y que algunos se sirven indiscriminadamente de dichos recursos, sin importarles las consecuencias que su acción pueda tener para terceros, incluidos, entre estos últimos, los usuarios del servicio de agua corriente realizado desde aquellos ríos.
En mas de una oportunidad, las autoridades han debido ocuparse de quienes cometen abusos que afectan el río Sauce Grande, fuente de abastecimiento, desde el complejo Paso de las Piedras, de Punta Alta y Bahía Blanca. Esos excesos se manifiestan a través del vertido de elementos contaminantes, de la utilización de embarcaciones no permitidas en el lago y del paso de vehículos con sustancias peligrosas por el sector vecino de la ruta provincial 51. Está visto que no existe suficiente respeto por los recursos naturales (en este caso, los ríos) de los cuales nos servimos para satisfacer elementales necesidades cotidianas.