La empresa Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (ARSA) fue intimada por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) a reactivar la paralizada planta de tratamiento cloacal de esta ciudad, y paralelamente, se le inició un sumario de multa con motivo de que continúa evacuando efluentes al río Negro contaminando ese curso de agua.
La empresa "no dio explicaciones" de todo lo que está ocurriendo y además "si tiene problemas" con el que proveyó los motores que hacen funcionar el sistema electromecánico de limpieza y que "tienen fallas", hay que hacerle entender al proveedor que ARSA "no es un usuario común" porque atiende un servicio público; afirmó el titular del DPA, Horacio Collado.
El DPA dio plazo hasta el 25 de julio próximo para que los "aireadores" que aportan oxígeno a los líquidos cloacales vuelvan a funcionar.
También le elevó un pedido de informes a fin de que la concesionaria explique el motivo por el cual no informó oficialmente a ese ente regulador sobre el problema surgido con los "aireadores" y la decisión de retirarlos de la planta; según reveló el concejal Ariel Gallinger (ARI).
Collado, por su parte, insistió en que "tienen que asumir una responsabilidad y por eso decimos basta" y en caso de que no haya una solución por parte del proveedor, que ARSA busque "un plan alternativo".
A su turno, el concejal viedmense observó -de acuerdo al cruce de notas- que "ARSA le comunicó al DPA que había habido problemas con los aireadores y que los habían retirado el martes 24 de junio, es decir, un día después de que nosotros visitamos la planta, y cinco días después de haber empezado a arrojar el ciento por ciento del líquido crudo al río".
A raíz de estos inconvenientes y de las constantes intimaciones, la empresa quedó al borde de una sanción económica que aún no está firme, ya que se interpuso un recurso de alzada ante la Fiscalía de Estado.
Los problemas en la planta comenzaron en noviembre de 2007 cuando salió de funcionamiento por primera vez, aunque ARSA recién admitió las fallas casi a mediados de 2008.
Todos estos desajustes motivaron que concejales opositores, organizaciones de la sociedad civil y la legisladora Magdalena Odarda (ARI) recurran el año pasado a una demanda judicial ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
En ese ámbito, el DPA y ARSA anunciaron ante los miembros del máximo órgano judicial un plan de trabajos que implicaban una inversión de 600.000 pesos para efectuar diversas reparaciones, entre la contratación de la firma Oxisan para que repare los "aireadores".
Inicialmente, esta empresa le colocó motores de origen brasileño que no se adaptaron al funcionamiento durante el período de prueba de la planta, y luego debieron ser retirados esos equipos electromecánicos.
En la actualidad, Oxisan pidió más tiempo para instalarle motores de fabricación alemana, mientras que ARSA decidió hacer una derivación al río debido a que la planta no se puede utilizar.