Según indicaron fuentes oficiosas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la institución viene elaborando el pliego de bases y condiciones para licitar las obras a fin de aumentar la capacidad de producción de energía de la represa Yguazú, y las condiciones establecidas apuntan a dejar afuera a las empresas nacionales.
El llamado es para la colocación de dos nuevas turbinas en la presa complementaria del lago del Acaray, conocida como Yguazú.
La nueva usina contará con dos unidades que, en conjunto, sumarán 200 megavatios de potencia y podrán generar hasta 350 gigavatios hora por año.
El monto de la licitación se estima en unos US$ 186 millones, una suma contratada en préstamo al Japan Bank International (JBIC). De esa cantidad se calcula que alrededor de US$ 170 millones se emplearán en obras civiles y la suma restante a la parte electromecánica.

EN DOS PAQUETES
Referentes empresariales consultados manifestaron que el pliego, así como está siendo elaborado, prevé que las obras civiles se partan solo en dos grandes paquetes de algo más de US$ 60 millones cada uno, y que este elevado nivel de facturación propiciará condiciones que serán imposibles de cumplir para las empresas constructoras nacionales en materia de ratios financieros, experiencia anterior, exigencias legales, etc.
“Se está tejiendo una licitación que directamente dejará fuera a las empresas nacionales, en momentos en que la industria de la construcción está sufriendo una fuerte retracción como consecuencia de la baja ejecución presupuestaria y el bajo nivel de gerenciamiento de las obras de Yacyretá”, se quejó una fuente.
Agregó que en su momento, las organizaciones gremiales de constructores, como la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y la Cámara Paraguaya de la Vivienda (Capavi), habían manifestado en la necesidad de partir las obras en cuatro paquetes. La de consultoría, obras civiles y accesos viales, obras electromecánicas y provisión y montaje de la central.
La posición de los constructores, en su momento, también fue el de establecer un margen de preferencia para las empresas nacionales que fuera extendible a empresas japonesas que estén dispuestas a competir en la licitación, como una suerte de devolución de cortesía al Gobierno del Japón, ya que la obra se realizará con el financiamiento del JBIC.
Un total de 3.000 personas podrían trabajar en la realización del proyecto y la contratación de mano de obra paraguaya está en peligro si es que las condiciones apuntan a la eliminación de las empresas nacionales y a la realización de las obras por empresas extranjeras, agregó.
Un inexplicable proceso para favorecer a firmas extranjeras que, al parecer, se inicia bajo la administración Efraín Alegre, en la cartera de Obras Públicas, ya que todo apunta que la proyectada repavimentación de la Ruta IV se entregaría a dos empresas argentinas y una paraguaya, esta última especializada pero en el ramo electromecánico y no vial, como debería ser, dijeron.