Hace unos días se cumplió el primer aniversario del fallo “Mendoza”, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una sentencia histórica, dijo basta a la contaminación de la cuenca Matanza Riachuelo.
La Corte entendió que el daño ambiental perjudica a toda la población porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, sin reconocer fronteras ni límites.
Entiendo que la decisión de la Corte de poner en marcha un plan de saneamiento ambiental integral de la cuenca ha sido una cuestión de índole política, tomada en su rol constitucional como eje y centro del Poder Judicial de la Nación.
Vino a suplir, así, la falta de política pública en temas ambientales.
La desaprensión por parte de los restantes poderes en poner en funcionamiento el paquete legislativo ambiental entre los años 2002 a 2005 y la absoluta negligencia de la autoridad de aplicación de la normativa hizo que la Corte tomara una fuerte intervención, arrasando con la incertidumbre jurídica que hasta ese momento se vivía.
En la actualidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que hacer valer su capacidad y poder para solucionar el conflicto planteado, imponiendo que se cumpla con el plan de remediación.
Su objetivo es lograr en un futuro próximo una solución definitiva a la contaminación del Riachuelo a través del saneamiento ambiental en la cuenca.