El subsecretario de Obras Públicas, Juan Eduardo Saldivia, destacó el aumento de las fiscalizaciones por extracción ilegal de recursos hídricos que realiza la Dirección General de Aguas (DGA), proceso que derivó en un incremento en las multas por estos ilícitos cometidos por empresas entre las cuales figuran mineras como SQM y Cosayach y eléctricas como Colbún y Endesa.
El personero explicó ayer que, durante el primer trimestre, de este año el organismo dependiente del MOP ha realizado 474 investigaciones, lo que representa un alza respecto de los 630 procesos de todo el año pasado.
De los procesos de la primera parte de este año, un 77% correspondió a denuncias de particulares, lo que -dijo- revela los crecientes conflictos que existen por el control de estos recursos en diversas zonas del país.
Destacó que la Región del Bío Bío concentró el mayor número de denuncias con 95. Le siguen la III y IV regiones con 53 y 56 procesos respectivamente.
Precisó que el 7% (32) de los procesos está en el Ministerio Público; el 14% (65) se está tramitando ante los Juzgados de Policía Local; el 23% (108) está en acciones administrativas por parte de la DGA; 35% (167) dijo que no fue posible constatar violación a la Ley, mientras que el 33% (158) permanece en proceso ante la DGA.

Principales implicados
El subsecretario de Obras Públicas indicó que, dependiendo de la zona geográfica, los mayores infractores corresponden a grandes empresas de los rubros minero, constructor, salmonero, eléctrico y turístico.
Entre las firmas de este último sector, los listados de la DGA incluyen a Hotelería y Turismo Ecolodge, la Caja de Compensación de Los Andes, Explora Chile y la sociedad Las Torres de la Patagonia, entre otras.
Además, aparecieron mencionadas las sanitarias Aguas de Antofagasta y Aguas Andinas, las que están siendo investigadas por la unidad de fiscalización del organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Todos los procesos se encuentran en diversas etapas de avance, mientras que la multa máxima asciende a 20 UTM, cifra que -a juicio de Saldivia- es muy baja, pese a que fue modificada en alguna medida con la Ley de Embalses, estableciendo una sanción de 1.000 UTM para quienes ejecuten construcciones ilegales en los distintos cauces.
El personero agregó que la revisión de las multas será una de las materias que considerará el trabajo de la recientemente establecida comisión interministerial del agua, en encabeza el MOP