Sin la menor tardanza y con carácter definitivo, el acuerdo entreguista sobre las aguas del manantial del Silala debe ser cancelado de inmediato, suspendiéndose, al mismo tiempo, toda negociación sobre este punto en la agenda del fatídico número 13. Es más, el acuerdo Hugo Fernández – Alberto Van Klaveren debe ser archivado por su carácter antinacional y antidemocrático, ya que es repetición de los procedimientos entreguistas de la rosca colonial y feudal.
Dicho acuerdo ya estaba firmado por los viceministros de relaciones de Bolivia y Chile. Y según dijo Fernández “se encuentra (encontraba) listo para la firma” por los Ministros para principios de junio y luego ser ratificado por el Congreso, órgano que a la vez estaba listo para aprobarlo, según el diputado César Navarro. Entre tanto, funcionarios chilenos llegaron al Palacio de Gobierno y obsequiaron al presidente Evo Morales unas monedas de oro con su efigie. A la vez se anunció que se había hecho “grandes avances” y el canciller David Choquehuanca dijo que la negociación “fue un éxito”. Ese acuerdo secreto establecía que las aguas de Silala eran propiedad “compartida” entre Bolivia y Chile y condonaba la deuda histórica.
Una vez firmado el acuerdo por los viceministros a principios de junio, el documento debía ser firmado en los primeros días de agosto, por los cancilleres de Bolivia y Chile en la reunión de UNASUR, entidad que avalaría la autenticidad y vigencia del Acuerdo y sellaría definitivamente con su autoridad el acto de entreguismo que causa enorme lesión en Bolivia. Sin embargo, la reunión de UNASUR se suspendió a pedido del Presidente del Ecuador, reunión que al parecer ya no se realizará o, por lo menos, no avalará la gestión oficiosa con que dicho organismo intentaba empezar sus actividades. Por otro lado, en conferencia de prensa, el canciller Choquehuanca desmintió versiones en sentido que se habría “vendido” ciertos intereses subterráneos y dijo textualmente: “Hay muchos que dicen que nos hemos vendido, que hemos decidido compartir, no es eso...” y que ¡“El acuerdo... se ampararía en una convención de la Organización de Naciones Unidas”! (8 de julio).
Entre tanto, EL DIARIO reveló el domingo pasado el Acta de la IV Reunión del Grupo de trabajo Bolivia-Chile, realizada en Santa Cruz el 14 de septiembre de 2008. Acta que sentó las bases para el acuerdo final, que estipula “que las aguas del Silala son de ambos países”, según afirmación del economista Milton Lérida, oriundo de Potosí. Dicha Acta fue firmada por equipos íntegros de las cancillerías de Bolivia y Chile, en especial el Viceministro Fernández de Bolivia y la directora de la delegación chilena, María Teresa Infante.
Se debe recordar que la Agenda del fatídico número 13 únicamente avanzó en lo que se refiere a beneficios a favor de Chile y grandes perjuicios en contra de Bolivia. Es más, en lo que sólo ha avanzado es en lo que se refiere a las aguas bolivianas del Silala, las mismas que, desde hace cien años, producen gigantescas ganancias a Chile y actualmente a razón de unos 50 mil dólares cada día, sin contar el efecto multiplicador que produce ese recurso natural que mueve la industria minera de Chuquicamata y contribuye al cultivo de más de 20.000 hectáreas en la región, sin hacer referencia a que con esas aguas bolivianas viven grandes ciudades como Antofagasta, Calama y otras menores y dan trabajo a miles de personas.
Finalmente hay que remarcar que las aguas del Silala son propiedad de todo el pueblo boliviano y no son propiedad ni del Estado ni de ningún pequeño grupo étnico, como reza la Constitución. En este sentido, la negociación de su venta debe realizarse en forma transparente y sin el menor secreto y únicamente cuando se hayan realizado los estudios pertinentes que confirmen que son bienes de la Nación boliviana y permitan realizar una negociación correcta. En esta forma, no se repetirán los errores de los gobiernos de Melgarejo (1866), Pando y Montes (1900-1904). Entre tanto la firma del Acuerdo Fernández-Klaveren debe ser cancelado de inmediato y definitivamente.