La comisión de evaluación de las presas Chihuido I y II resolvió mantener en el proceso licitatorio a las cuatro empresas que presentaron condiciones técnicas y operativas para la construcción del aprovechamiento multipropósito Chihuido I, sobre el río Neuquén.
Así lo informó ayer la subsecretaría de información pública de la provincia desde donde se recordó que la comisión está integrada por funcionarios provinciales y nacionales.
El coordinador de la unidad de gestión que fiscaliza el proceso de licitación y construcción de la obra, Elías Sapag, indicó que ya se les comunicó a las empresas "su continuidad en el proceso".
Sapag, quien además es el representante de Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, ratificó que el 30 de julio se realizará la apertura de los sobres 2, que incluyen las ofertas económicas y propuestas de financiamiento.
El funcionario neuquino señaló que durante la evaluación se priorizaron condiciones "cualitativas", es decir, el cumplimiento de "aspectos técnicos estructurales que no crean condiciones de incertidumbre para la futura construcción". Éstos son el eje, la altura, las normas de manejo de agua o la potencia de generación de energía eléctrica y el seguimiento de normas internacionales de calidad.
"A partir de esto, se analizaron todos los aspectos ambientales, de relocalización y de obras auxiliares", aclaró.
De esta manera, según la comisión de evaluación, las cuatro UTE (Unidad Transitoria de Empresas) facultadas para presentar las ofertas económicas son: Benito Roggio e hijos, Corsan Corviam, Esuco y Supercemento; Electroingeniería, Constructora OAS, CPC e Hidrocuyo; Industria Metalúrgica Pescarmona; y José Cartellone Construcciones y Constructora Norberto Odebrecht.
Por otra parte, Elías Sapag indicó que, desde el lunes próximo, las empresas tendrán una semana para acceder a los pliegos presentados por el resto de los oferentes "para realizar observaciones o impugnaciones que no ha hecho la unidad de gestión". Añadió que "esto hace a la libre competencia, a tener la libertad de ver las ofertas de sus competidores y tomar su propia determinación".
Explicó que, en caso de que alguna UTE presente un pedido de impugnación, "el proceso se detiene" y la empresa "tiene que depositar 5 millones de pesos en una cuenta de la Secretaría de Recursos Naturales".

Foto: Archivo Programa Infoambiente