La Legislatura retoma hoy las sesiones ordinarias después de dos semanas de inactividad. Previsiblemente, el conflicto municipal provocado por el Suoem estará en el centro de la agenda.
Hasta ayer, sólo había un proyecto de declaración cuyo autor, Omar Ruiz (ARI) pedirá el tratamiento sobre tablas. Consiste en la propuesta de solicitar al Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba que convoque a una “urgente” audiencia pública para discutir sobre el decreto de ahorro.
Ruiz propone, además, “repudiar los hechos de violencia que dañaron a personas y al patrimonio público”.
“Dado que las instancias del diálogo directo entre las partes en pugna, hasta la fecha no han dado resultados satisfactorios, proponemos que se empleen uno de los mecanismos institucionales existentes (audiencia pública), con miras a habilitar nuevas instancias para la búsqueda de una solución satisfactoria al grave conflicto”, señaló el arista, por lo visto mucho más dialoguista que su jefa, Elisa Carrió.
Esta mañana se resolverá si la Legislatura trata (y rechaza con el voto de la mayoría oficialista) el proyecto de ley impulsado por iniciativa popular para derogar la emergencia previsional. En caso de no hacerlo, pasaría para la semana que viene.

Informes por “Agua para todos”
El legislador Miguel Nicolás (UCR) presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo dé a conocer detalles sobre el programa “Agua para todos”.
Con un lenguaje algo antiguo, Nicolás dijo que en la “audición televisiva” ADN, de Canal 10, se denunció el presunto pago de “sobreprecios en contrataciones directas y la mala calidad de los trabajos realizados”.
Por ejemplo, Nicolás sostuvo que “en Balde de la Mora (San Alberto) se instaló el agua potable para una casa y una pequeña escuela de 5 alumnos, siendo el costo de la obra 176.381 pesos, cuando solo se instaló un motorcito extractor en un pozo de agua existente desde hace 60 años”.
Además, “en Paraje Santa Ana (Sobremonte) se instaló un tanque de agua con toma en un pequeño arroyo contaminado”. “Esa agua no es consumida por los habitantes debido a la contaminación y sólo se provee mediante un pico en la escuela del lugar. Esta obra costó 240.550 pesos y fue adjudicada por contratación directa”, agregó.
Nicolás dio otros detalles y concluyó que “el Estado provincial estaría demostrando un alto grado de ineficiencia y corrupción para atender un grave problema de muchas poblaciones como es la falta de agua potable”. “El programa preveía para la primera etapa un monto de 19.400.000 de pesos que con un programa transparente y eficiente podría solucionar un grave problema sanitario, especialmente en el norte de la provincia, y sin embargo se malgasta y diluye el dinero mediante procedimientos teñidos de sospechas”, remató.