Amparado en la urgencia por evitar inundaciones, y con la lluvia de ayer como telón de fondo, el procurador general de la Ciudad, Pablo Tonelli, pidió que se levante la feria de invierno para que la Justicia se expida sobre una apelación contra el fallo del juez Vicente Cataldo, que suspendió las obras del arroyo Maldonado hace veinte días. El letrado ordenó detener los trabajos el 3 de julio, cuando hizo lugar a una medida cautelar presentada por los legisladores de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya y Facundo Di Filippo junto al ex diputado Milcíades Peña.
El juez sostuvo que se modificó el ancho de uno de los pozos aliviadores y con eso aumentó el costo de la obra, por fuera de lo previsto. Pero también dio curso a la denuncia de los legisladores por impacto ambiental, que señalaron que la nueva profundidad del pozo afecta al acuífero Puelche, una reserva de agua dulce que provee de agua potable a gran parte del noroeste de Buenos Aires y Santa Fe.
La apelación presentada por Tonelli sostiene que no se cometió ninguna irregularidad, y que nunca se modificó la extensión del pozo, sino su anclaje. Para los denunciantes, la obra original fue licitada por $ 495.475.720 millones y su costo ya ascendería a los 536 millones, un aumento de 40 millones.
Para la Procuración, la Ley de Obras Públicas autoriza una variación no mayor del 20% de los presupuestos iniciales. En este caso la comuna sostiene que ese porcentaje no ha sido superado.
Antes del fallo, la comuna rebatió las acusaciones de daño ambiental y sostuvo que “no existe ninguna prueba de que las obras produzcan un impacto significativo” sobre las demás provincias. Por el contrario, el juez consideró que las preocupaciones por el acuífero “son centrales” y que “no aparecen claramente despejadas, algo que es imperativo si se tienen en cuenta las eventuales consecuencias negativas que podrían producirse si hubiera afectación” en el Puelche.
Los denunciantes también señalaron supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras al relacionar la empresa que ganó la licitación (Ghella) con IECSA, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo hermano del actual jefe de Gobierno.

La polémica detrás de la tuneladora
El ex legislador Milcíades Peña, uno de los querellantes en el caso del arroyo Maldonado, informó que el Banco Mundial removió al gerente del proyecto que estuvo a cargo de la ampliación del crédito otorgado a la Ciudad para la concreción de la obra. Según explicó el ex diputado al semanario porteño Noticias Urbanas, el gerente a cargo de esta obra era Manuel Mariño. Sin embargo, el organismo internacional lo reemplazó por “Patricia López y el Banco Mundial ordenó una auditoría ante lo que a primera vista parece la comisión de graves irregularidades”. El desarrollo de los túneles aliviadores fue financiado por un crédito del Banco Mundial de 150 millones de dólares. Esos fondos sirvieron para licitar los trabajos y traer una enorme tuneladora desde Canadá. Si bien el fallo de Cataldo suspendió la construcción del pozo por donde ingresará la máquina, esa obra está “casi terminada”. Lo que tampoco se detuvo fue la fábrica de las tejas que recubrirán el túnel, cuya elaboración continúa al lado de la excavación, en Punta Carrasco.